La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juzgado de instrucción número 20 de Barcelona que tome declaración a la empresa israelí NSO, fabricante del software espía Pegasus, y a la directora del CNI desde el mayo pasado, Esperanza Casteleiro. Lo hace en el marco de la investigación por el espionaje de la eurodiputada Diana Riba y del diputado en el Parlament Josep Maria Jové, ambos de ERC, después de que lo reclamaran los dos y se opusiera la Fiscalía y el mismo juzgado. En la interlocutoria, la Audiencia también ordena que se haga un informe pericial independiente sobre los móviles de los dos políticos, que tendrán que ser entregados al juzgado.
El pasado 24 de octubre el juzgado de instrucción número 20 admitió a trámite la querella contra la israelí NSO Group, propiedad de OSY Technologies. Pero en vez de citar a los querellados como marca la ley, la jueza de instrucción preguntó a la Fiscalía qué diligencias quería practicar. A raíz de la respuesta del ministerio público, el 15 de diciembre pasado, el juzgado denegó las diligencias propuestas en la querella de Jové y Riba, denegó la investigación de la empresa OSY Technologies SARL, propietaria de NSO, y acordó la práctica de algunas diligencias pedidas por la Fiscalía. Jové y Riba recurrieron la decisión, y ahora la Audiencia les ha dado parcialmente la razón.
El tribunal, por unanimidad, considera «incoherente» la decisión de la magistrada instructora y no da la razón a la Fiscalía, que se opuso al interrogatorio de los representantes de NSO alegando que no constaba que hubieran operado en territorio español. La Audiencia le recuerda al juzgado y al ministerio público que la querella es para investigar si los móviles españoles de Jové y Riba fueron espiados mientras se encontraban en España.
Teniendo en cuenta la investigación hecha por el Defensor del Pueblo, que concluyó que el CNI ha sometido la interceptación de comunicaciones al control judicial, la Audiencia ve pertinente que se pida información al CNI sobre la compra del software espía y su uso sobre Jové y Riba, y que declare la directora del organismo. «Por lo tanto, la declaración no sería prospectiva, como denuncia el fiscal, sino necesaria para determinar si la actuación que en su caso se hizo con el spyware se hizo conforme a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial, a pesar de que, dado el carácter secreto de estas actuaciones no se pueda dar más información que la confirmación de haber utilizado este programa».
El tribunal también considera que pedir a la empresa israelí que aporte toda la documentación relacionada con el caso y, después, interrogarla como investigada no respeta el derecho de defensa. Por eso, la Audiencia considera que primero se tiene que informar a NSO de que está investigada y después requerirle si quiere dar la documentación relacionada con el caso.
La Audiencia también considera que la pericial aportada por Jové y Riba de Citizen Lab es válida, pero también se tiene que corroborar mediante un informe pericial hecho por los Mossos d’Esquadra o los informáticos que la jueza dictamine. Además, pide que se aporten los terminales telefónicos infectados. «Es probable que no se encuentre ningún rastro, como dice la parte querellante, dada la tipología de la spyware Pegasus, y también lo es que, dado el tiempo transcurrido, el 2019, los terminales resten inutilizados o sustituidos por otros, pero tienen que ser puestos a disposición de esta unidad para hacer esta constatación», dice la interlocutoria de la Audiencia.
