El PSC ha registrado este lunes una proposición para modificar la ley sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlament. Según ha publicado La Vanguardia y ha confirmado la ACN, los socialistas quieren eliminar las pensiones vitalicias en la presidencia de la cámara, reducir los importes y limitarlos a seis meses. La ley actual de 1988, modificada en 2003, prevé que cuando un presidente abandona el cargo cobre el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que lo ha ejercido o al menos cuatro años. Los socialistas proponen que sea del 20% y en seis meses. En el caso de la jubilación, a partir de los 65 años cobran ahora una pensión vitalicia del 60% si han ejercido un mínimo de dos años. El PSC quiere que sea un 10% durante seis meses.
La actual norma también prevé que si fallecen los presidentes o expresidentas del Parlamento, el cónyuge viudo cobre una pensión vitalicia equivalente al 50%. Y, en caso de muerte del cónyuge viudo, la ley dice que la pensión debe beneficiar en la misma cuantía a los hijos menores hasta que lleguen a la mayoría de edad. A este respecto, el PSC quiere reducir esta retribución de pensión de viudedad al 5% del sueldo durante seis meses.
La reforma afectaría a cinco expresidentes vivos: Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell y Roger Torrent. En el caso de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, justo el 12 de marzo se han cumplido dos años de su presidencia, pero está suspendida desde el pasado julio. Así pues, con la actual ley podría estar en cuestión si tiene derecho a la pensión vitalicia, ya que requiere al menos dos años en el cargo.
En la exposición de motivos del texto que ha registrado el PSC el lunes, el grupo parlamentario socialista argumenta que las circunstancias que dieron sentido a la ley de 1988 «han cambiado notablemente». «No encontramos en la actualidad presidencias ejercidas por personas de larga trayectoria política en la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas y que pudieran haber encontrado serios impedimentos, debido a sus carreras de cotización, por atender las necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, que eran el elemento nuclear del objeto de la ley», afirman.
Asimismo, argumentan que tampoco se encuentra justificación para un «régimen especial de previsión para sus cónyuges viudos» distinto a la protección de que ya disponen los cónyuges viudos con los sistemas de previsión social que existen en la actualidad.
Ha cambiado, también, según los socialistas, «la percepción social respecto a este tipo de previsiones específicas en lo que se refiere a los cargos públicos». Hasta el punto de ser percibidas como un «privilegio injustificable». Un fenómeno al que, según apuntan, también ha contribuido que puedan ser percibidas por personas que han estado relativamente poco tiempo en el ejercicio del cargo y que pueden ser beneficiarias durante muchos años de estas percepciones.
