Un político tiene una situación laboral excepcional. Recibe un sueldo por un trabajo, pero es al mismo tiempo el encargado de legislar, reformar y modificar normativas que hacen cambiar la sociedad y las realidades de la ciudadanía.
Por eso hay mucha gente que cree que cuando se convoca una huelga por el motivo que sea, un político no debe poder ejercer este derecho de cualquier trabajador, dado que es precisamente la clase política la que tiene en su mano aplicar soluciones para los problemas que suelen provocar las huelgas. Así, su participación en movilizaciones estaría bien vista pero no que deje de trabajar ese día. En el caso de la huelga feminista del 8-M, sin embargo, el dilema aparece cuando la política en cuestión se ha llamado feminista desde siempre y el día 8 tiene compromisos con la institución a la que pertenece.
En el Parlament, sin ir más lejos, por segundo año consecutivo la cita coincide con un pleno, y debe ser la Mesa del Parlament quien decida si se celebra el pleno con normalidad –arriesgándose a perder votaciones o faltas de quórum si muchas diputadas no están- o si se suspende como si hubiera huelga para todos.
