El mismo día que los canales oficiales del FC Barcelona anunciaban el primer desembarco de Limak, con el propósito de abrir sede propia, instalarse cerca del Camp Nou y desplegar los preparativos para iniciar la gran obra el día 1 de junio próximo, recorrieron las redacciones rumores insistentes sobre la posibilidad de que Joan Laporta diera marcha atrás y se estuviera replanteando seriamente posponer el ataque frontal de la reforma por lo menos un año.
Algunas fuentes próximas a miembros de la junta apuntaban, al mismo tiempo, que se había producido una especie de motín interno, más bien un movimiento alimentado por la alarma y la inquietud del propio entorno, en contra de dar un paso más hacia el Espai Barça en las condiciones, formato y costes que ha pactado y decidido por su cuenta el presidente Laporta. Por lo menos cuatro o cinco directivos le habían hecho llegar esa punto de extrema preocupación por considerar que las previsiones en tiempo, crédito e intereses son del todo incompatibles con el desafío económico y financiero de un club con 200 millones de euros de déficit ordinario y la previsión de aumentarlo la próxima temporada a causa del traslado a Montjuïc. Algunos están dispuestos a bajarse del barco si, como quiere Laporta, antes del 31 de marzo suscribe una financiación fuera del alcance y posibilidades reales del club.
Estas informaciones, fiables, aunque sin estimar del todo el grado de osadía y audacia de unos directivos que pintan más bien poco -y que, sobre todo, temen la ira y la venganza de su presidente si ahora le dan la espalda-, coincidieron con otras afirmaciones periodísticas que dan por hecha una inminente marcha atrás porque Laporta no tendría otra salida. Ese es el relato de Salvador Sostres, periodista del ABC con acreditados contactos al más alto nivel en el núcleo duro laportista, basándose en la presión que han podido ejercer las grandes constructoras que se habían quedado sin el pastel del Espai Barça. Los bancos habrían jugado un papel destacado en esta conjura, según ha publicado, poniendo a Laporta entre la espada y la pared y persuadiéndolo para que se repiense la adjudicación a Limak, estando, como está, a tiempo de recuperar las otras licitaciones y de ganar tiempo en el caso Negreira si la presión desde Madrid se suaviza y relaja; incluso, se retira, como al parecer le han sugerido. Una oferta tentadora contra la posibilidad de que se active toda la maquinaria judicial central y Laporta, como presidente, se vea obligado a asumir ante los tribunales los pagos a Negreira y acabar dimitiendo como única alternativa.
Ante este panorama, dice Sostres: «Lo que aún no ha decidido el presidente es si revierte totalmente la adjudicación de las obras a los turcos –porque el afán con que lo hizo permanece intacto, y no tendrá otra oportunidad como esta en su segundo mandato– o si pacta con ellos –más probable, y no tendrá que renunciar a tanto– que subcontraten a una empresa española, probablemente FCC, al haber sido creada en Barcelona. En cualquier caso, la vicepresidenta del área Institucional, Elena Fort, tendrá que invertir el orden de factores, que sí altera el usufructo: «Nos hemos petado a las constructoras del Ibex», dijo cuando se creía impune”.
Por otro lado, sí se ha podido confirmar que los inversores del Espai Barça no sólo se han detenido en seco en el proceso de alcanzar un acuerdo de financiación que, por las prisas, la presión del calendario y la negligencia de Laporta, ya se estaba forjando con unas condiciones muy ventajosas para ellos y ruinosas para el Barça, sino que podrían desistir de seguir adelante a la vista del desarrollo de los acontecimientos y de esa mala reputación internacional proyectada por el caso Negreira contra la imagen del FC Barcelona. La amenaza de una sanción deportiva de la UEFA, que podría dejar Barça fuera de Europa por una o dos temporadas, y, en general, las pésimas consecuencias de haberse destapado pagos directos durante años a un miembro del estamento arbitral con poder, rango y habilidad para mover los hilos dentro de la organización, son motivo más que suficiente para que el dinero, tan sensible a este tipo de situaciones, prefiera no invertir ahora en el futuro Camp Nou o hacerlo aumentando las garantías, los intereses y el control patrimonial y económico.
Otros medios no han ocultado que varios de los patrocinadores potentes del club están estudiando sus cláusulas de escape en caso de confirmarse una actuación cronificada de la junta que infrinja el código ético y penal como puede sugerir además la Fiscalía en sus conclusiones. No debe obviarse, además, que ya se ha presentado una querella en el juzgado de instrucción que, si se admite, ya judicializaría el caso peligrosamente.
Un panorama más que desalentador a un mes de agotarse el límite para formalizar ante Limak y sus empresas asociadas un plan de pagos de acuerdo con la financiación que lleva tantos meses sobre la mesa de negociación.
Aunque Laporta ya estaba dispuesto a suscribir unas condiciones inaceptables y definitivamente imposibles, con 1.500 millones de euros a devolver en treinta años entre capital e intereses, ahora hasta ese límite parece alejado de un horizonte tan inmediato e imprudente en el que no ayuda la propia presión que se ha impuesto la junta precipitando el derribo de parte del gol sur y la firma de un alquiler por dos años con el Ayuntamiento de Barcelona para jugar en el estadio Lluís Companys. Los inversores saben que Laporta está atrapado y derrotado antes de tiempo por su ineptitud manifiesta para jugar este tipo de partidas. Sin duda le viene grande.
