Este miércoles se celebra la última jornada del juicio a la presidenta de Juntos, Laura Borràs, por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Las distintas partes presentarán sus conclusiones y, después de la lectura del informe final y de la última palabra, un derecho que los acusados pueden decidir si ejercer o no, el juicio ha quedado visto para sentencia.
La Fiscalía ha decidido mantener la petición inicial de seis años de prisión y 21 de inhabilitación, así como una multa de 144.000 euros, para la líder de Junts por los delitos de prevaricación y falsedad documental, mientras que ha rebajado las penas para los otros dos acusados, el informático Isaías Herrero, quien se habría beneficiado de los contratos adjudicados por Borràs, y el empresario Andreu Pujol. Inicialmente, el ministerio público solicitaba para Herrero la misma pena que para Borràs, y tres años de prisión y 10 de inhabilitación para Pujol, unas peticiones que ha rebajado a 2 años de prisión y 6 años y 4 meses de inhabilitación para el primero, además de una multa de 2.100 euros, y a 14 meses de prisión y 4 años y 3 meses de inhabilitación para el segundo, con una multa de 2.250 euros.
Las defensas de Herrero y Pujol se han mostrado conformes con la calificación definitiva de la Fiscalía, aceptando que el tribunal imponga penas más bajas. La defensa de Borràs ha seguido pidiendo la absolución. La líder de Junts negó haber cometido ningún delito y aseguró que nunca vulneró la ley sobre contratación pública, sino que delegó los expedientes de contratación a la interventora de la ILC de entonces, Assumpta Pagespetit, la cual declaró como testigo que alertó a Borràs sobre un exceso en el fraccionamiento de contratos.
En la última sesión del juicio Borràs ha estado acompañada por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la diputada de JxCat Aurora Madaula, además de Francesc de Dalmases, que ha asistido a todas las sesiones.
