Anticorrupción pide 15 años de prisión para Fernández Díaz por el ‘caso Kitchen’

La Fiscalía también solicita penas de hasta 19 años de prisión para ex mandos policiales como Eugenio Pino y José Manuel Villarejo

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados

Foto: @Congreso_Es

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz así como para quién fue su número dos, Francisco Martínez, y el entonces jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino, como presuntos cabecillas de la Operación Kitchen, el operativo policial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación del caso Gürtel. En total la operación habría costado cerca de 58.000 euros de los fondos reservados del Estado, 54.000 de los cuales fueron para el chófer de Bárcenas.

El ministerio público acusa a Fernández Díaz, a Martínez y a Pino de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad, y también reclama de dos años y medio a 19 de prisión para los ex mandos policiales Marcelino Martín Blas, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez. Concretamente, la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por encubrimiento para Martín Blas; 19 años de prisión y 42 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y soborno pasivo propio para Villarejo; 12 años y medio, más 28 de inhabilitación por encubrimiento, malversación y contra la intimidad a García Castaño; y 15 años para Gómez. También pide casi 12 años y medio de prisión y 14 de inhabilitación por encubrimiento para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos.

El fiscal relata que los investigados, de mutuo acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos, entre 2012 y 2013, pusieron en marcha el operativo. Así, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez, que fue, primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas. El objetivo era sustraer este material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada denominada ‘papeles de Bárcenas’, en el caso Gürtel.

Francisco Martínez asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo, al director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino. Pino, a su vez, encargó esta operación al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen término la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a la UCAO.

Pino habría encomendado tanto a Villarejo como García Castaño, el desarrollo de tareas operativas para ganarse la confianza y conseguir la colaboración activa de Sergio Ríos, a cambio de la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Este, por su parte, tenía que facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias.

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