La Fiscalía presentó la semana pasada su escrito de petición de penas por la organización del 1-O contra tres destacados miembros de ERC. El actual presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové; el ahora director del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consejera de Cultura del Gobierno actual, Natàlia Garriga, están en el centro de una causa de cuando los tres eran estrechos colaboradores del entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Ahora, la Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové y 32 años de inhabilitación; seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación para Salvadó, y un año de inhabilitación para Garriga por el referéndum del 1-O. Al presidente del grupo parlamentario de ERC y al presidente del Port les acusa de los delitos de malversación agravada, prevaricación y desobediencia, y a la consellera de Cultura sólo de éste último. Además, les reclama multas que van de los 18.000 euros de Garriga hasta los 24.000 de Salvadó y los 30.000 de Jové. Esto, especialmente en cuanto a Jové y Salvadó, ha servido a Junts para poner el dedo en la herida abierta y, mojando pan duro, hacer declaraciones recordando que la reforma del Código Penal de la que ERC tanto presumía ha quedado en papel mojado.
