La Fiscalía ha propuesto que la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, sea inhabilitada un año por un delito de desobediencia presuntamente cometido con los preparativos del 1-O, y ha pedido penas de cárcel para los ex-altos cargos del Departamento de Economía y Hacienda Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
El escrito de acusación pide 7 años de prisión y 36 de inhabilitación para Jové, y 6 años y 3 meses de prisión y 27 años de inhabilitación para Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, a los que atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
Las peticiones del Ministerio Público se conocen después de que el Tribunal Supremo rechazara rebajar las inhabilitaciones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, manteniéndoles el castigo más duro, vinculado con el ánimo de lucro .
La consejera Garriga ha considerado que el escrito de la Fiscalía confirma que «estamos ante una causa general contra el independentismo» y que «hace años que vemos que el sistema judicial español no hace justicia, hace política».
Jové ha reaccionado a la noticia expresando en Twitter “Miserables, malas personas y… (sobre todo) mucha cobardía”, antes de añadir que “lo que hicimos, hacemos y haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad”.