El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles la proposición de ley presentada por Junts para hacer frente a las ocupaciones conflictivas, de manera que los ayuntamientos catalanes podrán impulsar procesos de desahucio de viviendas ocupadas si el propietario no ha actuado en un plazo de 30 días. Concretamente, la normativa se dirige a ocupaciones que alteren la convivencia y que se produzcan en viviendas que son propiedad de grandes tenedores, es decir, aquellos que tienen más de 10 pisos o casas en propiedad.
La legislación promovida por Junts ha salido adelante con la abstención del PP y Vox y con el apoyo del PSC y Ciudadanos, con quien los posconvergentes se aliaron para impulsarla. ERC, que en un principio rechazaba la propuesta legislativa, la ha acabado apoyando a raíz de las enmiendas pactadas con Junts, como el hecho de que los ayuntamientos puedan «adquirir temporalmente» el uso de la vivienda desocupada durante un plazo de siete años para destinarla a alquiler social.
La propuesta inicial de Junts también contemplaba que las comunidades de vecinos pudieran promover por sí mismas el proceso de desalojo de las viviendas ocupadas conflictivas, pero este aspecto también ha cambiado a raíz de las negociaciones con ERC y, finalmente, las comunidades tendrán que dirigirse a la administración.
La CUP y En Comú Podem han sido los únicos grupos que votado en contra de la legislación al considerar que no pone el foco en los fondos buitres y en la gran cantidad de viviendas vacías que hay. Además, han criticado que la normativa deja fuera la problemática de los pisos turísticos, que también alteran la convivencia y expulsan a los vecinos del barrio.
