Ninguna. Y de ningún tipo, claro está. Los grupos independentistas mayoritarios en la Comisión que supuestamente debe investigar si hubo o no espionaje con el programa Pegasus de dirigentes y activistas partidarios de la separación de Cataluña de España se pusieron al servicio de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. Primero, cometieron la irregularidad de convocarle para que interviniera antes de que la comisión aprobara el listado de comparecientes y el calendario de comparecencias. Esta arbitrariedad provocó que el grupo socialista abandonara la sesión. Ciudadanos, PP y Vox ya no asisten a ella porque la consideran una «pantomima propagandística». El comportamiento de los grupos independentistas, el viernes, en el Parlament, les dio la razón.
Boye compareció junto a otros dos abogados de los independentistas supuestamente espiados: Benet Salellas y Andreu van den Eynde. Intervino el primero, porque dijo tener prisa, y cuando acabó su alegato se fue y nadie pudo hacerle preguntas. El presidente de la comisión, el republicano Josep Maria Jové, se plegó a todas las exigencias del abogado de Puigdemont, le agradeció su presencia y le dejó marchar.
Salellas y Van den Eynde sí contestaron a las preguntas de los diputados que quedaban en la sala tras la marcha de los socialistas. Cabe decir que las preguntas de estos diputados y las intervenciones de los comparecientes no aportaron nada a la función que debería tener una comisión de investigación, que es aclarar qué ha ocurrido con una determinada cuestión polémica. Esta comisión se creó a raíz de la aparición de un informe elaborado en colaboración por el colectivo canadiense Citizen Lab y la Assemblea Nacional Catalana y que bautizaron como CatalanGate según el cual 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido investigadas con los softwares maliciosos Pegasus y Candiru.
Varios expertos han puesto en evidencia que este informe está repleto de errores y carece de rigor científico. Los expertos que denuncien estas debilidades del informe, propuestos por el PSC, tampoco serán sometidos a las preguntas de los diputados de esta Comisión. ERC, JxCat y la CUP los han vetado a todos.
