Tomo prestado el título y algo más, de un libro del profesor Francisco Rubio Llorente, para referirme a la Constitución española de 1978, que consensuamos los trabajadores sindicados, representados por el profesor Jordi Solé Tura, con la derecha financiera y empresarial, más algunos despojos del franquismo menos salvaje. Nadie otorgó una carta magna.
Constituimos a España como un Estado social y democrático de derecho, en el que se propugnan, como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La igualdad, que se consagra en el artículo 1, no lo es solo ante la ley o la política, ni se agota en la configuración de órganos estatales y autonómicos.
El Estado social es aquel que asume, como función propia, intervenir activamente en el proceso económico y social, para configurar una sociedad igualitaria, sin lesionar las libertades que podrían verse limitadas. La proyección de la naturaleza social del Estado español, está claramente concretada en el articulado de la Constitución que, como norma jurídica, es de aplicación directa e inmediata.
Los derechos a sindicarse libremente y a la huelga de los trabajadores, para la defensa de sus intereses (28); progresividad del sistema tributario (31); delimitación del derecho de propiedad según su función social (33); al trabajo, libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a un salario suficiente (35); acomodación de la libertad de empresa a las exigencias de la economía general (38); irrelevancia de la filiación (39); redistribución equitativa de la renta (40); subordinación de toda la riqueza al interés general (128); posibilidad de nacionalizar sectores económicos e intervenir empresas (131).
Todo eso, encuentra su concreción en el importantísimo apartado 2º del artículo 9: le corresponde al Poder público promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. No es una opción, es un mandato imperativo, no por eso menos incumplido.
En una sociedad industrial, desarrollada y moderna, que camina hacia la disrupción tecnológica, los grandes protagonistas de la vida social y económica son los regentes empresariales y los trabajadores. Unos y otros pueden constituir libremente asociaciones y sindicatos para la defensa de los interese que les son propios.
El antagonismo que protagonizan, es debido a la esencia misma del sistema capitalista, no es fruto de enfrentamientos voluntarios, sino de situaciones estructurales objetivas, provocadas por la lógica interna del sistema económico imperante. Esas situaciones que dividen a la ciudadanía en clases, con formas de trabajo no siempre practicadas digna y libremente, a menudo injusta e insuficientemente retribuidas, van en contra de los principios de libertad e igualdad que la Constitución proclama.
En realidad, el sistema existente ha funcionado como si de un Estado neoliberal se tratase. Ahí está para demostrarlo, la fe constitucionalista que exhiben la derecha y la ultraderecha, celosas de colocar y mantener a personas afines en el CGPJ y en el TC, a fin de conseguir interpretaciones acordes con sus postulados reaccionarios, contrarios al espíritu y a la letra de la Constitución. Utilizan, sin complejos, cualquier institución del Estado si eso sirve a sus codiciosos intereses en beneficio privado, de lucro y de la corrupción.
La evolución de la sociedad española, en los 45 años de democracia formal, ha estado influida por las privatizaciones de industrias, energéticas, telecomunicaciones, las llamadas a la colaboración público-privada y también puede ser ilustrativo la comparación de las circunstancias, la forma y el contenido de las publicaciones particulares de los VIII y XX convenios colectivos de la SEAT.
Es necesario mejorar los derechos efectivos a la instrucción, a la formación profesional y su utilidad práctica, a la vivienda digna, al trabajo, al descanso y al ocio, al salario suficiente, a la salud, a la cultura, a la jubilación, a los cuidados propios de la edad avanzada con dignidad y a combatir la pobreza.
Con insuficiencia de medios, algunas contradicciones y la oposición férrea, recalcitrante y bronca, el Gobierno de coalición español actual parece comprometido con la recuperación del Estado social. Ayudémosle.
