El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa principal sobre el procés, Pablo Llarena, desestimará la reclamación de la Fiscalía de procesar al expresidente catalán Carles Puigdemont también el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, según avanzan TV3 y Catalunya Informació citando fuentes judiciales.
La Fiscalía planteó un recurso contra el auto con el que Llarena modificó el procesamiento de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que la última reforma penal suprimiera el delito de sedición, por el que se les había procesado anteriormente.
El Ministerio Público planteaba que los hechos cumplen todos los elementos del tipo delictivo, indicando que éstos son “actuación en grupo, finalidad de atentado contra la paz pública, incumplimiento de resoluciones judiciales y realización de actos típicos de violencia, intimidación, obstaculización vías públicas con riesgo personal o invasión de edificios alterando sus servicios esenciales”.
Estos argumentos no habrían convencido a Llarena, que, en el auto con el que limitó la acusación contra Puigdemont a los delitos de malversación y desobediencia, ya consideró que la reforma penal había dejado los hechos que ha investigado en un «contexto cercano a la despenalización».