La Fiscalía ha recurrido el auto con el que el juez instructor de la principal causa sobre el procés, Pablo Llarena, modificó la semana pasada el procesamiento del expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que la última reforma penal suprimiera el delito de sedición, por el que se les había procesado anteriormente.
Los fiscales plantean que se procese a los tres eurodiputados por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados para evitar que se restrinja un eventual juicio sobre algunos de los hechos reflejados en el auto.
En este sentido, el Ministerio Público argumenta que los hechos cumplen todos los elementos del tipo delictivo, indicando que estos son “actuación en grupo, finalidad de atentado contra la paz pública, incumplimiento de resoluciones judiciales y realización de actos típicos de violencia, intimidación, obstaculización de vías públicas con riesgo personal o invasión de edificios alterando sus servicios esenciales”.
Sobre la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, Llarena consideró que había dejado los hechos que ha investigado en un «contexto cercano a la despenalización».
El auto de Llarena limitó la acusación contra Puigdemont a los delitos de malversación y desobediencia, al igual que para los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, y procesó a Ponsatí y a la dirigente de ERC Marta Rovira sólo por desobediencia.
