El gobierno de España contempla como última opción aplicar el artículo 155 de la Constitución si el gobierno de Castilla y León no renuncia a la aplicación de un nuevo protocolo antiaborto que, entre otras medidas, prevé ofrecer una radiografía 4D y la posibilidad de oír el latido del feto.
Según publica La Vanguardia citando fuentes del ejecutivo central, antes de recurrir a la misma vía con la que se controló en 2017 el gobierno de la Generalitat de Cataluña, la previsión es desplegar otros instrumentos para asegurar la constitucionalidad de las normas aplicadas a Castilla y León, la única comunidad autónoma gobernada por una coalición del PP con Vox.
El gobierno de Pedro Sánchez ve prematuro plantear ahora la activación de la vía del 155 y apuesta por alcanzar un acuerdo con el gobierno de la Junta de Castilla y León para lo que considera indispensable antes la retirada del protocolo antiabortista.
El primer movimiento del ejecutivo central ha sido el requerimiento formulado este fin de semana al gobierno castellanoleonés. Su objetivo, añade el mismo diario, es constituir una comisión mixta entre los ejecutivos para abordar la cuestión una vez hayan cerrado un acuerdo.