El cuerpo de Mossos d’Esquadra ha vuelto a instigar y alterar el caso Barçagate con otro informe que, desde un punto de vista legal y de la estricta conducta judicial, confirma la extrema sensibilidad de un sector de la policía catalana en contra de la gestión del expresidente Josep Maria Bartomeu y a favor de que su mala imagen favorezca los intereses de la actual junta directiva de Joan Laporta. No es el primer episodio revelador de esta fijación investigadora del cuerpo ni seguramente será el último, pues parece proliferan siempre que Laporta necesita una distracción mediática como ha ocurrido esta semana tras la asignación de las obras del Camp Nou a una empresa turca y producirse la sospechosa renuncia del directivo responsable del Espai Barça, Jordi Llauradó, en reacción al anuncio.
El suceso que ha ocupado cierto interés de determinados medios es el referido a un informe sobre las sospechas e interpretación de los Mossos en el sentido de que dos ejecutivos del club, el CEO Òscar Grau y el director del área jurídica, Roman Gómez, podrían estar relacionados con la publicación en el diario El Mundo de los contratos de Leo Messi y de Gerard Piqué. Se basa en el rastreo y localización de contenidos de conversaciones privadas, vía email y vía WhatsApp, en las que manifiestan en un par de ocasiones que quizá la publicación de los contratos de algunos jugadores del primer equipo contribuiría a que la opinión pública cambiara su admiración y liderazgo por una percepción realista y más alineada con los esfuerzos de la directiva por controlar un vestuario con una relación interna y con la junta muy complicada.
El contexto en el que se producen estas conversaciones privadas -y, en la práctica, reservadas y ajenas por completo a la causa del Barçagate por más que estuvieran incluidas en el volcado del registro realizado por Mossos d’Esquadra a una semana de las elecciones del 7 de marzo de 2021- se remonta al periodo centrado en el 8-2 frente al Bayern Múnich, el posterior burofax de Messi y las enormes tensiones habidas a partir de que, por la pandemia, Josep Maria Bartomeu aplicó una reducción salarial unilateral del 12% la temporada 2019-20 y promovió una mesa de negociación para ampliarla al 20% en la 2020-21.
En concreto, el malestar y el estado de ánimo inequívocamente alterado en el caso de Roman Gómez tiene su origen, como se concluye de esos mensajes, en que tanto Leo Messi como Luís Suárez y otros destacados miembros de la plantilla no sólo se negaron en redondo a cooperar, sino que, expresamente, plantearon a Bartomeu que les rebajase a todos menos a ellos.
Producto de esa excitación, Roman Gomez introduce algún insulto en sus escritos y alude vagamente a esa posible venganza, la de filtrar según qué documentos, una sugerencia que, en las respuestas y conversaciones con el presidente, queda también probadamente claro que en ningún caso se impulsarán desde el área ejecutiva ni desde ninguna otra. Bartomeu se muestra rotundo y tajante en el sentido de que nunca irá por este camino. También se han compilado en el mismo informe las reacciones, unánimes, de toda la cúpula del club en contra de la publicación del contrato de Messi en El Mundo el 31 de enero de 2021, expresamente lideradas por Òscar Grau y Roman Gomez en un periodo de fragilidad institucional bajo el mandato de la comisión gestora presidida por Carles Tusquets. Ambos inician un proceso de investigación interna en el que implican a la compliance officer a fin de determinar el origen de una posible filtración, en el caso de haberse producido desde el club, y tomar las medidas oportunas contra un delito de revelación de secretos y atentar contra la imagen del FC Barcelona.
O sea, que en el mismo informe, si bien no existe el menor indicio que apunte ni a Òscar Grau ni a Roman Gomez que los relacione, queda extremadamente demostrado su empeñó por defender y blindar al club de una posible fuga de información, todo lo contrario del que parece es su propósito principal de especular con una posible participación de dos ejecutivos en un delito de revelación de secretos.
La conclusión primera es que el informe de los Mossos, desde el punto de vista del contenido, no aporta pruebas ni indicios, sólo interpretaciones sobre escritos, apenas unas líneas, marcadas por una fortísima tensión emocional, en ningún caso sugeridoras de un plan de actuación o de una voluntad manifiesta de cometer ninguna infracción.
La segunda y más contundente reflexión debe centrarse sobre si es lícito que los Mossos haya buceado en un material obtenido en su día como resultado de la entrada y registro en el club y en el domicilio de los investigados a propósito de un presunto delito de administración desleal y de corrupción entre particulares. No sólo la policía no puede utilizar en ningún caso nada que no guarde relación estricta con la investigación, sino que en el propio informe lo reconoce y admite: “Sin embargo, serían hechos ajenos a los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares que se investigan en esta causa y, teniendo en cuenta las noticias publicadas sobre posibles querellas publicadas derivadas de estas publicaciones, si VI lo considera oportuno y ajustado a derecho, se solicita que se dé testimonio de estos hechos al juzgado o juzgados que puedan estar instruyendo los hechos, se haga el ofrecimiento de acciones a los perjudicados por estos presuntos o se dé el trámite procesal que se considere oportuno”.
Los expertos sostienen que esa misma concesión de la investigación anularía de hecho cualquier diligencia posterior en base al uso indebido de un material que, de manera añadida, ya estaba sujeto por decisión expresa de la magistrada del caso al estricto análisis para la concreta causa del Barçagate. También parece que la defensa de los investigados, además de haber realizado actuaciones previas protegiéndose sobre este tipo de iniciativas por parte de los Mossos, ya han exigido la inmediata retirada del sumario de ese informe por intruso, improcedente y alegal.
¿Por qué, pues, esta actuación de los Mossos aparentemente inútil? Todo apunta a esa predisposición del cuerpo a participar en un caso en el que, conviene recordarlo, entró por las bravas deteniendo a Bartomeu y practicando un registro sin orden judicial. Extraño.
Por otro lado, los Mossos ya filtraron en su día un presunto informe en el que se demostraba que Bartomeu había organizado una trama de periodistas a sueldo del club para mejorar su imagen. Lo divulgó la prensa conectada al caso (SER y EFE) y más utilizada por la propia policía, pero cuando los investigados preguntaron a la jueza por ese documento, en realidad nunca existió o al final los Mossos no se atrevieron a añadirlo a la causa.
Este nuevo informe parece perseguir el mismo propósito mediático: provocar ruido en los medios y en las redes mediante el uso -o abuso, según se interprete- de un material de registro con el que se está jugando peligrosamente.
