Rodríguez destaca que los hechos de 2017 «continúan teniendo una condena penal»

La portavoz del Gobierno central señala que Puigdemont debe responder ante la justicia española

    La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez

    Foto: @isabelrguez

    La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha destacado que la decisión del juez Pablo Llarena sobre los delitos por los cuales se acusa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de dirigentes del ‘procés’ que están en el extranjero -los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira– demuestra que los hechos del 2017 «continúan teniendo una condena, un reproche penal, y que todos tienen que responder ante la justicia española».

    En declaraciones a los medios, Rodríguez ha asegurado que «hay herramientas para poder perseguir los hechos que se produjeron» en 2017 y que el ordenamiento jurídico español «tiene elementos suficientes como para evitar que sucedan esos hechos», como por ejemplo el artículo 155. No obstante, la portavoz del ejecutivo central ha manifestado que el gobierno español «está utilizando la mejor herramienta en política, que es el diálogo», y ha señalado que una muestra de esto es que «la Cataluña de hoy no es la Cataluña del año 2017».

    La ministra ha recordado que la reforma penal se ha llevado a cabo para armonizar y homologar la legislación penal española a la del resto de países europeos, y ha indicado que los hechos de octubre de 2017 «se produjeron con otro ordenamiento jurídico». En este sentido, Rodríguez ha manifestado que «además de las leyes, hay todo un trabajo por delante para evitar llegar a esos extremos a los que se llegó entonces».

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