Tres relatores de la ONU han reclamado al gobierno de España que adopte medidas sobre el caso Pegasus antes de 60 días. En concreto, quieren que el ejecutivo de Pedro Sánchez explique cómo reparará a las personas afectadas, sancionará a los responsables y evitará que se vuelva a repetir lo que definen como un caso de «extenso espionaje» que «parece ser una interferencia» al derecho de reunión, por el que expresan una «preocupación muy seria».
Se trata de la reacción de tres relatores especiales de Nacionas Unidas dedicados a cuestiones de minorías, protección de la libertad de opinión y expresión y derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, según ha destacado ERC. Precisamente, la reacción de los relatores es consecuencia de una denuncia presentada por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, residente en Ginebra (Suiza).
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacado que se trata de una «relevante resolución» sobre lo que denomina Catalangate que «reafirma lo que hemos pedido al gobierno español desde el primer día: transparencia, responsabilidades y reparación del daño».
El gobierno español, por su parte, mantiene que las intervenciones de comunicaciones se realizan «siguiendo los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico español» y «con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades».
