Las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y los Sindicatos de Inquilinas han valorado positivamente las medidas que el Gobierno central ha aprobado este martes para hacer frente a los efectos de la inflación, pero han señalado que son «insuficientes». En un comunicado, la PAH ha criticado que se trate de «medidas temporales de corta duración» y ha afirmado que «siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España» para hacer efectivo el Derecho a la Vivienda.
En cuanto a las medidas relacionadas con los alquileres -limitar la actualización anual de los precios al 2% y renovar los contratos al mismo precio- los Sindicatos de Inquilinas han considerado que la primera tendría que incluir «elementos sancionadores para ser efectiva, puesto que hay propietarios que intentan saltarse la norma». En cuanto a la segunda medida, los Sindicatos han señalado que solo «posterga el problema durante seis meses», que «genera incertidumbre a las familias» y, además, «no protege de subidas de precios a los contratos que firmen nuevos inquilinos».
«Celebramos este pequeño respiro para miles de familias inquilinas», afirma la PAH, pero «pasados estos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se ven obligadas a irse de su casa en lo que conocemos como desahucios invisibles», señala la plataforma. De hecho, la PAH también considera insuficiente la moratoria antidesahucios y destaca que, a pesar de estar en vigor desde hace un año, «no ha conseguido detener 70.000 desahucios» en toda España, 41.359 en 2021 y 29.285 los nueve primeros meses de 2022.
La necesidad de una Ley de Vivienda
Tanto la PAH como los Sindicatos de Inquilinas coinciden en la necesidad de aprobar lo antes posible una Ley de Vivienda estatal, la cual recuerdan que lleva dos años de retraso a causa del bloqueo en la aprobación causado por el PSOE. «Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por eso que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre», ha reclamado la PAH.
Ambas entidades consideran que esta normativa tendría que incluir la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial así como un control efectivo de los precios de los alquileres para regularlos y acabar con las subidas abusivas. «Los alquileres tienen que estar regulados por una ley efectiva antes de que acabe la vigencia de las medidas extraordinarias anunciadas», apuntan los Sindicatos de Inquilinas, que señalan que «a medio plazo sabemos que lo único que puede deshinchar la burbuja de los precios del alquiler es una regulación que baje los precios y los vincule a los ingresos de los hogares».
