La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) considera que los presupuestos de la Generalitat para 2022 que aprobará este jueves el Parlament no responden a las necesidades de las personas más vulnerables y que tienen derecho a esta prestación. En el manifiesto que una treintena de asociaciones elaboraron para exigir unos presupuestos más sociales, entre las que se encuentra esta Comisión Promotora, se afirma que “el desprecio y el maltrato a los derechos de las personas vulnerables en los presupuestos es un escándalo social y inhumano”.
Los comunes han introducido algunas propuestas en el redactado final de los presupuestos, pero no satisfacen las exigencias de los promotores de la RGC. En dicho manifiesto se recuerda que “a pesar del enorme crecimiento de la pobreza en Cataluña desde 2020, que llega al 26,3% de la población en riesgo de pobreza y el 6,2% en situación de privación material severa, según el Instituto de Estadística de Cataluña, se recorta de forma significativa la partida presupuestaria para la RGC. Si en 2020 el gasto en RGC alcanzó 427 millones de euros y en 2021 la previsión de gasto supera los 500 millones de euros que sólo da cobertura al 36% de la población con pobreza severa, en el presupuesto para 2022 la partida se reduce a ¡¡¡398,6 millones de euros!!!”.
También se señalaba en este manifiesto que el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) se mantiene congelado desde 2010, incumpliendo la disposición adicional 17 de los presupuestos de 2020, que autorizaba al gobierno a incrementarlo, al menos, con la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de un 5%. Tanto el IRSC como el IPREM sirven de base para calcular el valor de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital.
La incorporación de los comunes a la negociación de los presupuestos con el Govern ha supuesto algunas mejoras en el apartado de la RGC. Así, el acuerdo al que han llegado comunes y gobierno obliga a actualizar el IRSC en un plazo no superior a los seis meses ya la creación de un grupo de trabajo “para modificar la RGC, ampliándola con nuevos complementos, como por ejemplo para hijos, vivienda o contabilización con el trabajo parcial y nuevos itinerarios de inserción sociolaboral”. Pero unas mejoras quedan lejos de las aspiraciones de quienes reivindican un salto cualitativo y cuantitativo en el impacto social de esta prestación.
