Nueve años de prisión es la pena que pide la Fiscalía Anticorrupción para el comisario José Manuel Villarejo por delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento de secretos cometido por funcionario público por haber hecho un informe contra el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, utilizando bases de datos que no están abiertas al público.
La pieza Marbella, la número 8 del caso Tándem, se ha abierto tras la denuncia del empresario marbellí contra Villarejo, a quien acusa de haberle presionado a favor de una vecina que le reclamaba por vía judicial un dinero “prestado” siete años atrás.
Los fiscales piden la misma condena para el comisario Enrique García Castaño, ocho años para el ex inspector jefe Constancio Riaño, cuatro años y nueve meses para el expolicía Antonio Bonilla y esa misma pena para el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo.
“Consorcio criminal”
Según la Fiscalía, M.K., la mujer que reclamaba el dinero a Gómez Zotano, pidió ayuda a Villarejo y su empresa, Grupo Cenyt, en el verano del 2015 para ejecutar una estrategia de tipo civil y penal para que el empresario le devolviese las cantidades que ella le había dado por una relación inmobiliaria entre ambos en Benahavís (Málaga).
El escrito de la Fiscalía explica que se utilizaron los métodos habituales de este “consorcio criminal”. Villarejo, con la ayuda de los demás encausados, investigó al empresario y realizó un informe que se hizo llegar al juzgado en el que la mujer había presentado una querella. Los encausados supuestamente accedieron a datos de carácter reservado de Gómez Zotano mediante bases de datos y registros que no son públicos.
