El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación de Lafarge, el comité de empresa y la Generalitat contra el cierre de la fábrica cementera de la compañía en Montcada i Reixac, donde trabajan de forma directa e indirecta unas 300 personas. Se habían presentado tras la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de “cierre, clausura y precinto” de la actividad de la empresa en su planta.
Esta orden profundiza en la sentencia del 2021, que anuló la licencia ambiental otorgada por la Generalitat a la fábrica. El tribunal ha indicado que los tres recursos carecen de la “fundamentación suficiente” y de interés casacional.
Fuentes de la Conselleria d’Acció Climàtica han explicado a La Vanguardia que el Gobierno de Pere Aragonès está tramitando la legalización después de que Lafarge lo volviera a solicitar en marzo del 2021. En febrero, el TSJC ordenó a la Generalitat que ejecutara la clausura y el precinto de la actividad tras declarar nula la autorización ambiental concedida a la fábrica por parte de la antigua Conselleria de Territori.
