El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado las medidas cautelares que impuso en otros dos centros docentes catalanes, por lo que tendrán que impartirse en castellano al menos un 25% de las clases que reciban un alumno de Castelldefels y una alumna de La Canonja. Las resoluciones, conocidas este jueves, desestiman los recursos interpuestos por el Departamento de Educación de la Generalitat, que encabeza el consejero Josep González Cambray.
El TSJC ha argumentado que la Generalitat había pedido la revocación de las medidas cautelares «sin acreditar el resultado de la aplicación de la nueva legislación» y que había aportado un informe de la inspección que «se limita a una aproximación genérica». Asimismo, ha señalado que «no consta que la escuela haya aplicado la nueva legislación y cuál ha sido el resultado».
Estas últimas resoluciones, que no son firmes y pueden ser recurridas en casación, incrementan hasta 14, según la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), el total de casos en los que el TSJC rechaza levantar medidas cautelares sobre escuelas catalanas obligadas a asegurar el porcentaje mínimo de castellano.
La controversia sobre el mínimo del 25% de castellano en las aulas catalanas se encuentra a la espera de la decisión de Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley catalana, aprobada precisamente para evitar que se aplique ese porcentaje.
