El Barçagate ha entrado en una fase interesante después de que la Audiencia Provincial haya reabierto la querella presentada en su día por Jaume Roures por injurias y calumnias, una pieza separada del grueso del caso. El empresario de Mediapro, al menos en teoría, ha ganado este segundo asalto después de que la jueza instructora, Alejandra Gil, hubiera procedido a su archivo considerando que el contenido de las cuentas @jaumedeTerror2, de Twitter, y JaumeUnFilmdeTerror, de Facebook, no eran constitutivos de delito.
Además de entender que la totalidad de las calificaciones dirigidas a Roures podían encajar en el libre derecho de la expresión y de la opinión, la jueza entraba en parte en el fondo del caso Barçagate dejando entrever que, en cualquier caso, no estaba probado que tanto Josep Maria Bartomeu como Jaume Masferrer hubieran tenido una responsabilidad directa en la producción y los mensajes objeto de la querella.
Ahora, sin embargo, la Audiencia Provincial viene a subrayar que la jueza podría haber profundizado más en la instrucción por lo que ha resuelto, en base a los fundamentos del querellante, dictar que finalmente se celebre juicio oral para determinar si procede o no condena.
Argumentan los jueces que el archivo fue prematuro por la razón de que no se acredita en la resolución que Bartomeu y Masferrer no tuvieran relación con los mensajes emitidos en Twitter y Facebook, extremo que, en efecto, sostiene la jueza y que la defensa de los acusado considera clave de cara al futuro juicio puesto que tampoco se acredita lo contrario. Es decir, que mientras Roures pide la aplicación del código penal por la autoría y responsabilidad de ambos ha sido la misma juez del Barçagate la que, ante los testimonios y las pruebas aportadas, de entrada, apunta más a la posibilidad de que no se les pueda imputar esa directa culpabilidad de la cuenta ni de los mensajes, contengan o no injurias y calumnias.
Por otro lado, la resolución del recurso pone en duda que esos mensajes puedan caber, sin ser delito, en el ejercicio de la libertad de expresión e información, abriendo la posibilidad a que se deban revisar a fondo y uno por uno esas referencias a los actos de Jaume Roures y de Mediapro. Probablemente ese sea al motivo por el cual el entorno mediático de Roures, poderoso y gobernado a su gusto y nivel de potencia, no haya celebrado tanto como podría suponerse el hecho de ir a un juicio donde se someta a criterio del juez si, por ejemplo, su filial americana sobornó a funcionarios de federaciones de fútbol para conseguir determinados derechos de televisión.
La defensa ya arguyó en su momento que esta noticia fue ampliamente difundida por la prensa sobre una sentencia condenatoria a Mediapro y a uno de sus fundadores, Gerard Romy. También, sobre las alusiones a cómo eludir deberes fiscales, la defensa aportó documentación de prensa que relataba el tipo y el número de cuentas bancarias distribuidas en numeroso lugares del mundo, buena parte de ella en paraísos fiscales, que habrían facilitado el pago de menos impuestos. En otro de esos tuits se detallaba el caso de las facturas falsas emitidas por un valor de 351.746 euros para pagar sobornos al presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé Huguet, según publicó en su día el medio digital OKDiario. Otras noticias se índole parecida, reproducidas de medios que las habían producido y divulgado su momento, son la base de la pretensión de la querella de exigir una condena por calumnia e injurias.
Si realmente el juicio se centra en dirimir este tipo de cuestiones, algunas de las cuales como la sentencia a Mediapro de un tribunal norteamericano por evidencias de soborno, son irrefutables no será un ejercicio judicial cómodo para la imagen de Mediapro ni para su propietario y fundador Jaume Roures.
Por último, la apertura de juicio oral también se refiere a que, en opinión de la Audiencia Provincial, pudieron ampliarse las pruebas testificales en la instrucción. La consecuencia es la misma pues, si el querellante podrá aportar las testificales que le pueden convenir a sus argumentos, la defensa también tendrá la oportunidad de proponer declaraciones que, si considera productivas, redunden en la certificar de que las cuentas de Twitter y de Facebook no hicieron otra cosa distinta que reproducir informaciones periodísticas de terceros, un extremo que complicaría verdaderamente el trabajo de la acusación.
Será un juicio atractivo y revelador que, en el tiempo, seguirá siendo complicado de relacionar con la directa relación personal de Jose Maria Bartomeu y Jaume Masferrer, debido a que la instrucción del caso vertebral, que ahora llega a su fin con las últimas declaraciones de los investigados, todavía tardará en alcanzar una sentencia. Circunstancia que, en realidad, tiende a diluir y relativizar el primero, y puede que frágil, fundamento del recurso sobre si es posible juzgar a Bartomeu y Masferrer por injurias y calumnias contra Jaume Roures, ya que si no pudiera acreditarse esa vinculación el juicio carecería de sentido por completo.
