Cierco presenta una querella criminal contra Espot por beneficiar supuestamente a su familia en el asunto BPA

El jefe de Gobierno de Andorra está acusado de prevaricación, tráfico de influencias y malversación

    Xavier Espot, jefe de gobierno de Andorra
    Xavier Espot, jefe de gobierno de Andorra

    El accionista mayoritario de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, ha presentado una querella criminal ante la justicia andorrana contra el jefe de Gobierno, Xavier Espot, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en el caso BPA.

    Según avanza Altaveu, la decisión adoptada por Cierco se ha acelerado a raíz de la última comparecencia parlamentaria de la presidenta de la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), Sílvia Cunill, quién dejó claro que el 96% de los clientes de BPA han sido traspasados a otras entidades bancarias y han recuperado sus saldos y, por lo tanto, «no había blanqueo masivo» como Espot ha reiterado en sus intervenciones públicas. Además, el querellado señala que las acciones que el ejecutivo andorrano llevaba a cabo antes de hacerse pública la nota del FinCEN norteamericano, así como el hecho de que el Gobierno se haya personado como acusación particular en la causa, demuestra «la voluntad de criminalizar desde la administración pública la BPA».

    Una de las principales acusaciones de Cierco contra Espot es la de tráfico de influencias, y tiene su base en la modificación que se hizo en la transposición de la directiva europea que dio lugar a la denominada la ‘ley AREB’ o ‘ley BPA’. Según la querella, esta modificación era un ataque directo a la familia Cierco y suponía un beneficio claro para la familia del actual jefe de Gobierno, puesto que lo liberaba de determinadas responsabilidades, motivo por el cual se cree que la mencionada ley se hizo a medida y que la actuación «puede ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias».

    La última versión de la nueva ley, señala el medio mencionado, habría aprovechado «para incorporar otros aspectos muy particulares y diferenciadores», como el apartado a) del punto 2 del artículo 36, según el cual pasan a considerarse subordinados los pasivos de accionistas «que tengan como mínimo, directa o indirectamente, una participación del 10% del capital de la entidad en resolución, individualmente o conjuntamente con sus cónyuges». Este cambio legal, señala la querella, se hizo para «exonerar de amortizar y recapitalizar a los accionistas que tenían menos de un 10% del capital de BPA», y «tanto el INAF, como el Gobierno y mayormente el señor Espot sabían perfectamente que solo la sociedad Sucesores de Higini Cierco SA y la familia Cierco tenían más del 10% del capital».

    El texto legal hace un repaso de todos los hechos para dejar claro que la ‘ley AREB’ de ninguna forma pudo ser hecha en 23 días, explicando que hay certificaciones que evidencian que el encargo del asesoramiento legal para la redacción de la ley a un prestigioso despacho de abogados español se habría hecho posteriormente a la aprobación del proyecto legislativo. Estas maniobras, señala la querella, podrían ser constitutivas del delito de prevaricación.

    Posible derroche de fondos públicos

    La querella también considera que Espot es «indirectamente responsable» de la decisión de interponer una demanda civil contra los señores Cierco, Joan Pau Miquel y otros miembros del consejo de administración de la BPA antes del 10 de marzo 2015, en reclamación de la cantidad de 479 millones de euros. Una demanda que el querellante considera «injusta, arbitraria y discriminatoria».

    El presunto derroche de caudales públicos se mantiene, entre otros, por el hecho que el ejecutivo que preside Espot mantenga, según la querella presentada, «la obstinación, con decisiones arbitrarias en muchos campos, de perseguir a la BPA y a sus antiguos responsables a pesar de que lo FinCEN dejó sin efecto su nota». Además, el documento señala que hay indicios que hacen cada vez más plausible que el banco andorrano habría sido víctima colateral de la «guerra sucia» contra el independentismo catalán.

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