Hablamos de Emilio Hellín y Laura Borràs, dirigente de Junts y sometida a proceso penal como presunta delincuente.
Hellín,con el apoyo de otros delincuentes, todos miembros de la organización fascista Fuerza Nueva,a principios de febrero de 1980, en Madrid, secuestró a la joven Yolanda González,de 19 años, siendo trasladada al lugar donde fue maltratada y asesinada por Hellín por disparos de pistola.
Sin perjuicio de los delitos por los que fue condenado en 1982,lo expuesto es más que suficiente para plantear si dicho individuo está legitimado para proceder «bien y fielmente», como exige el art.474 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las tareas periciales que parece que le han encomendado.
Porque, además de haber sido condenado por asesinato, lo fue también por los siguientes delitos: allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de defensa y de guerra y de municiones, falsedad del DNI y uso público de nombre supuesto. Con una pena de, aproximadamente, 43 años de prisión. Dias después, Hellín y sus cómplices emitieron un comunicado, como miembros del «Grupo 41″ de la citada organización fascista dando cuenta, con toda falsedad, de las motivaciones del asesinato, que concluía de esta forma:»Por una España grande, libre y única», que concluía con un «Arriba España».
Cumpliendo condena, en 1987, aprovechó un permiso de salida-absolutamente improcedente- y se fugó a Paraguay donde prestó servicios y apoyo al cruel dictador Stroessner. Escasos años después fue extraditado a España, donde las autoridades penitenciarias-incluidas las judiciales-lo trataron con una benevolencia absolutamente inadmisible.
Ahora, de forma inaudita, encuentra el apoyo del independentismo catalán.
Y, ante esta durísima realidad,el Gobierno habla de desjudializacion y reforma el delito de sedición olvidando el alcance politico y la trascendencia abiertamente ilegal de las leyes aprobadas por el Parlament en septiembre de 2017, que, sin duda alguna, constituyeron un delito que, afortunadamente, permanece: el de rebelión.
