La comisión del estatuto de los diputados ha decidido este jueves abrir una investigación al exvicepresidente de Junts y actual diputado en el Parlament, Francesc de Dalmases, debido a la actitud intimidatoria que tuvo con la periodista y subdirectora del programa de TV3 Preguntes Freqüents (FAQS), Mònica Hernández. Los grupos parlamentarios han considerado que hay indicios suficientes para investigar si Dalmases vulneró el código de conducta de la Cámara catalana y, una vez elaborado el informe, lo trasladarán a la Mesa del Parlament para que decida si es necesario imponer al diputado alguna sanción.
La reunión de la comisión, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha durado más de tres horas y los grupos han acordado terminar el informe lo antes posible para que en el plazo de unos diez días hábiles pueda enviarse a la Mesa. Dalmases se enfrenta a una sanción que podría ir desde una amonestación pública hasta multas de 600 a 12.000 euros en el caso de las infracciones leves, pero si se considera un caso grave el pleno también podría aprobar su suspensión temporal.
Los grupos elaborarán el informe a partir del acta de la comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en la que se trató la actitud del diputado con la periodista, y también a partir del documento de la CCMA que certifica la intimidación de Dalmases. El procedimiento también establece que debería llevarse a cabo una audiencia con el diputado en cuestión, pero el posconvergente está de baja desde el día que dimitió como vicepresidente del partido, y ha expuesto su versión de los hechos a través de un escrito que ha hecho llegar a la comisión y que podría sustituir dicha audiencia.
El presidente de la comisión, el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, ha manifestado dudas sobre el hecho de que se pueda sancionar a un diputado por el comportamiento que ha tenido fuera del Parlament y, en una entrevista en TV3, ha cargado contra el código de conducta de la Cámara catalana. «Tengo la sensación de que el código de conducta se hizo en 2016 para dar la imagen de transparencia, pero desde el punto de vista jurídico es una chapuza«, ha afirmado Cuevillas.
