El Ayuntamiento de Barcelona y la Sareb han cerrado un acuerdo para evitar los desahucios de familias vulnerables que afrontaban procesos de expulsión de pisos que son propiedad de esta sociedad de gestión de activos inmobiliarios.
De entrada, 68 familias en esta situación firman un contrato de alquiler social, por el que pagarán entre un 12% y un 20% de sus ingresos, y el consistorio calcula que unas 300 podrán hacerlo.
El acuerdo incluye el compromiso de la Sareb, el denominado banco malo que acumuló los pisos de entidades financieras tras la crisis inmobiliaria, de no desahuciar a familias cuya situación de vulnerabilidad haya acreditado el Ayuntamiento, y también el de parar procesos en curso para abordar regularizaciones.
La regidora de Vivienda, Lucía Martín, ha destacado que la Sareb «es el primer gran tenedor que asume la ley de emergencia habitacional 24/2015» y que va «más allá» porque «también se está protegiendo a familias vulnerables que no están cubiertas» por esta ley.