El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha reactivado la investigación sobre el supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona durante la etapa que la gobernó CiU, ha avanzado El Periódico.
Un informe elaborado por la Guardia Civil ha movido al juez Aguirre a tomar esta decisión, ya que constata la existencia de pagos sospechosos y un incremento patrimonial de Jordi Castells, exdirector de Relaciones Internacionales de la institución supramunicipal, añade la misma información.
Bajo la lupa se encuentran las subvenciones otorgadas a las entidades Grupo IGFA, Voltia y la Fundación Ortega y Gasset, según publica el mismo diario citando fuentes judiciales, además de CatMon, administrada por el exdirigente de CDC Víctor Terradellas.
La Guardia Civil ha detectado, en concreto, que entidades beneficiarias de subvenciones, y otras que han tenido relaciones mercantiles, han pagado dinero a Castells. Hasta 66 ingresos por un importe sumado de 71.490 euros han llamado la atención de los investigadores.
De éstos, 40.560 euros correspondiente a la etapa que Castells ejercía responsabilidades en la Diputación, cuyo origen la Guardia Civil no ha podido determinar. El informe también refleja que la pareja de Castells recibió 28 ingresos en efectivo por un total de 21.590 euros.
