Diana era la grande de siete hermanos en una familia de un pueblo rural de Bolivia. Para garantizar ingresos en casa, empezó a hacer conciertos como cantante en ferias de su entorno y abrió un perfil profesional en Facebook para promocionar su trabajo. Un hombre, residente en España, contactó con ella, se ganó su confianza, y le ofreció la oportunidad de venir en España para ayudarla en su carrera. Ella aceptó que le pagara el billete de avión, pero tan pronto como llegó al domicilio de su contacto, vio que su identidad digital era totalmente falsa y que había sido engañada.
El hombre la retuvo durante una semana en el domicilio, cerrada con llave porque no se escapara. La violó reiteradamente y la obligó a hacer todo el que él quería. Gracias a un vecino, se alertó la policía y el captor fue detenido.
Diana ha requerido los servicios del proyecto Esperanza-Adoratrices de Madrid, que está especializado en atención, acompañamiento y apoyo integral a mujeres que han sido víctimas de tráfico de personas. La coordinadora del Proyecto Esperanza-Adoratrices, Marta González, explica a EL TRIANGLE que hay la falsa creencia de que el tráfico internacional de personas afecta, principalmente, a mujeres analfabetas muy jóvenes que son explotadas sexualmente, pero, a pesar de que no hay un único perfil, sí que hay una tendencia muy predominante entre las supervivientes.
“De las mujeres atendidas por nuestra organización, más del 70% tienen la responsabilidad de la supervivencia de la economía familiar, ya sea porque son mujeres separadas con hijos o mujeres con hermanos u otros familiares a su cargo”. Según relata Marta González, “muchas de ellas han hecho un proceso migratorio a Europa, confiando en falsas promesas de trabajo, para poder hacer frente a las cargas familiares que tenían a sus hombros”. Otro hecho que hay que desmitificar, según la responsable del proyecto, es que cerca del 60% tienen entre estudios primarios y universitarios, y las estrategias de engaño y extorsión a las cuales son sometidas son cada vez más sofisticadas.
Las finalidades de la explotación de la trata de blancas son, principalmente, sexuales, en seis de cada diez casos. No obstante, la explotación laboral, los matrimonios forzados o la criminalidad son otras finalidades de los delincuentes.
La diputada en el Congreso y portavoz de derechos sociales del PSC, Sonia Guerra, manifiesta a EL TRIANGLE que “la mafia y el negocio alrededor de la prostitución están totalmente vinculados a la trata y, por lo tanto, cuando decimos que queremos acabar con el tráfico, decimos que queremos acabar con la prostitución. Cuando hablamos de tráfico, hablamos de un proxeneta que está explotando mujeres y niñas y se beneficia económicamente de ellas”.
A pesar de que el tráfico internacional es el que tiene más peso, también lo hay de nacional. Según el informe publicado por el proyecto Esperanza-Adoratrices con la colaboración de Mutua Madrileña, el 10% de los casos detectados han sucedido dentro del territorio español. Cómo detalla Marta González, “todos los elementos se han dado en España: captada, engañada y explotada, y esto es muy importante que lo entienda la sociedad, porque cuanto más se conozca como funciona la trata, cuáles son los escenarios o las finalidades, más herramientas tendremos como sociedad para detectar estos delitos y ofrecer ayuda a las víctimas”.
Complementando esta información, la diputada Sonia Guerra indica que, “a escala española, cuando una mujer está siendo víctima de explotación sexual, lo está siendo por miembros de su entorno familiar”, en contextos de pobreza y de exclusión social. La diputada socialista añade que “cuando hay prostitución en nuestros barrios, se explotan las mujeres, se violan de forma sistemática las mujeres para que no puedan disfrutar de su libertad, y esto hace los barrios más inseguros”.
Conseguir la recuperación integral de las supervivientes es un proceso largo y complejo. Muchas tienen mucho miedo y, por lo tanto, necesitan mucho de apoyo. En el proyecto Esperanza, se ofrece ayuda de emergencia, así como atención a plazo mediano y largo con un equipo multidisciplinario (psicológico, laboral, jurídico…). Algunos procesos pueden implicar una intervención intensiva durante dos años, y si la víctima inicia un proceso judicial, pueden pasar cuatro años hasta tener fecha para el juicio. A pesar de que los acusados tengan sentencia condenatoria y estén obligados a pagar indemnizaciones a las víctimas, muchas veces se declaran insolventes. Marta González reclama disponer de un fondo estatal a nuestro país, como pasa en Holanda: “El Estado avanza las indemnizaciones a las víctimas si ocho meses más tarde de la sentencia no se ha hecho el pago. Para evitar el desamparo de las víctimas, es el gobierno holandés quien persigue a los condenados para que devuelvan el dinero al Estado”.
