Las expectativas mediáticas más dantescas y perturbadoras del juicio Neymar 2, o Neymar DIS, se han ido diluyendo a medida que, con el paso de las sesiones, se han ido reduciendo también los argumentos jurídicos y legales de una reclamación que se confirma como un sinsentido y un despropósito.
La vista ha sido tan forzada que más bien parece una gamberrada propiciada por ese aparato de la Audiencia Nacional donde la Fiscalía se empeñó en abrir juicio oral contra el criterio del propio juez instructor, José de la Mata, partidario de archivarlo desde el primer día.
Finalmente, el juicio fue trasladado a la Audiencia Provincial de Barcelona y presentado por la prensa laportista como una nueva oportunidad de hacer sonar la fanfarria de fondo que ha venido acompañando a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu desde el cierre de la operación, primero atada con el padre del crack y finalmente con el Santos cuando procedió a adelantar la llegada del jugador al Camp Nou.
El tiempo y la justicia ya han demostrado por dos veces que no hubo ninguna corrupción, estafa o falsedad documental en un fichaje a tres bandas, pues el Santos era el propietario de los derechos federativos del delantero mientras que, por otro lado, el Real Madrid llegó a ofrecer el doble que el Barça en un último intento desesperado por impedir que acabase en el Camp Nou vestido de azulgrana.
La única trama oscura y laberíntica alrededor del fichaje la montó el entorno laportista instrumentalizando al socio Jordi Cases para depositar una primera querella en la Audiencia Nacional que no habría pasado de la puerta si el hoy presidente del Barça no hubiera movido hilos en Madrid con la ayuda del palco del Bernabéu.
Podría afirmarse que, ciertamente, todas las desgracias en forma de persecución política, acoso judicial, policial, fiscal e institucional sufridas por los dos expresidentes, Rosell y Bartomeu, comenzaron con ese fichaje que garantizaba la prosperidad futbolística del primer equipo y su hegemonía en el fútbol mundial.
Al madridismo no le convenía que el futbolista explotara como lo hizo, junto a Messi y Suárez, la temporada 2014-15, pero tampoco al laportismo que, ya en enero de 2015, forzó una crisis aguda en el entorno azulgrana, con Luis Enrique de entrenador y Bartomeu de presidente, para forzar unas elecciones innecesarias y un conflicto social completamente artificial y mediáticamente manipulados.
Para destruir e impedir esa regeneración del mejor equipo de la historia ni desde Madrid ni desde el laportismo se escatimaron esfuerzos ni medios que acabaron concretándose en una querella mutante que hubo de salir de la Audiencia Nacional, por no ser competente, y acabar en la Audiencia Provincial de Barcelona.
A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado sólo les quedó el recurso de afinar una acusación sobre la base de un delito fiscal imaginando que la indemnización pagada N&N, la sociedad de los Neymar, era salario… a pesar de que en 2011, cuando se anticiparon 10 millones de euros, Neymar jugaba en el Santos, también en 2012 y el 2013; o sea, durante el periodo que finalmente comprende la sentencia.
Dio igual: la Fiscalía solamente pretendía ir a juicio para obligar al Barça a avalar 90 millones mientras durase el proceso, quizás de tres a cinco años. Por ese motivo, para evitar una provisión con un fuerte impacto en el balance, el club aceptó pagar 3,5 millones y una condena que, en ningún caso, podía afectar a ninguno de los dos expresidentes perseguidos por tierra, mar y aire.
El motivo es muy sencillo, pues esa condena surrealista contemplaba como delito la falta de retenciones del IRPF durante los tres ejercicios, del 2011 al 2013 ¡mientras vestía la camiseta del Santos (¡!), pero exoneraba a Rosell porque las rectificaciones complementarias se practicaron en su día, preventivamente, dentro del periodo reglamentario. En cuanto a las de 2014, no sólo exoneraban a Bartomeu sino también al club porque lógicamente se realizaron de forma correcta en función de su contrato ya como jugador oficial del FC Barcelona.
Aún así, la prensa y los altavoces laportistas siguen insistiendo, falsamente, en que Rosell y Bartomeu pactaron con el fiscal conmutar su pena personal, un imposible legal, a cambio de ese castigo de 3,5 millones que ponía el único final feliz a una conspiración descarada y sucia de sus enemigos en Madrid y en Cataluña. Un reflejo de que esa alianza entre los intereses de Florentino y de Laporta ya viene de lejos como ha probado la servidumbre actual del presidente azulgrana para con el poder blanco del Bernabéu.
Si se hacen bien las cuentas, el perjuicio de esa sentencia evaluado en 3,5 millones viene a ser sólo una quinta parte de los 16,9 millones que Laporta le perdonó a Neymar de devolver al Barça, desistiendo de una sentencia favorable al club azulgrana por el cobro de una parte de la prima de renovación poco antes de irse al PSG.
Una decisión imperdonable y lesiva a los intereses del Barça que tiene sentido en ese universo laportista donde él y su socio Pini Zahavi planearon y ejecutaron la fuga del brasileño al PSG en 2017 en una operación calcada a la de Lewandowski este verano.
La vista ya solo está pendiente de las últimas declaraciones de Rosell y de Bartomeu a lo largo de esta semana. De los testimonios practicados hasta ahora la propia prensa laportista no ha tenido más remedio que admitir la inconsistencia de la acusación y la fragilidad de los argumentos de DIS, como ya había advertido el juez instructor José de la Mata.
La querella, curiosamente, no se armó hasta que ese entorno opositor y beligerante contra Rosell y Bartomeu no consideró un fracaso el primer juicio, aprovechando además la tormenta judicial y mediática envolvente sobre Rosell, puesto en prisión preventiva, y sobre Bartomeu por el Barçagate, además de la escandalosa promoción de un voto de censura también planificado desde el laportismo y su enorme poder social, económico, judicial y periodístico.
Finalmente, el pasaje cómico del caso lo protagonizan Santos y Barça cuando, después del intento de DIS de considerar como una especie de componenda el pago por los derechos preferentes de tres jugadores, ha resultado que fue Bartomeu el que reclamó y ganó el pago de 3 millones por el traspaso de uno de esos futbolista y que fue Laporta quien estimó más oportuno rechazar esa cantidad a cambio de porcentajes sobre los derechos de Kaiky i Angelo, dos promesas del Santos, una de ellas (Kaiky) vendida al Almería el pasado verano por 7 millones.
Las posibilidades de una sentencia condenatoria, al menos desde el fervor del laportismo y de su prensa por las pretensiones de DIS, se han ido enfriando con el paso de los días.
