Un informe de la Guardia Civil correspondiente a una pieza separada secreta de la instrucción judicial sobre los CDR describe la existencia de un grupo parapolicial independentista clandestino formado para controlar el territorio mediante una insurrección, y conocido tanto por Quim Torra como por Elsa Artadi cuando eran, respectivamente, presidente y consejera de la Presidencia de la Generalitat.
Según el contenido del informe revelado por Nius Diario, Vozpópuli y El Confidencial, se trataba de un colectivo impulsado por el denominado CNI catalán y los CDR, con el nombre de Escuts per la República y formado por efectivos de los Mossos d’Esquadra, de policías municipales, de los bomberos y de los agentes rurales a los que se le atribuye la presunta comisión de delitos de sedición y rebelión.
El supuesto líder y hombre-puente de este grupo con el gobierno catalán era el excandidato de Junts y empresario Ramir de Porrata, a quien el informe -con imágenes incluidas- sitúa el 21 de marzo de 2019 en una reunión informando a Artadi del proyecto, después de haber hecho lo propio con el “presidente”, probablemente en referencia a Torra.
Además, la Guardia Civil atribuye al exconsejero Toni Comín un gran interés en la «propuesta estratégica» de este grupo y afirma que existieron contactos también con Jordi Puigneró, posteriormente vicepresidente catalán.
El informe, según El Confidencial y Nius Diario, ubica el origen de la iniciativa en el CNI catalán, encabezado por el empresario Miguel Montero de Quadras, experto en inteligencia artificial y colaborador del Consell per la República, pero señala a Ramir de Porrata como jefe del grupo parapolicial “con la conformidad” de Torra. Por debajo de De Porrata sitúa, como presunta coordinadora general, a Maria Dolors Gonyalons, y también a Lluís Escola, sargento de los Mossos y exescolta de Puigdemont.
La Guardia Civil describe a los Escuts per la República como personas “excepcionalmente cualificadas en materia de seguridad con estrechos vínculos con las más altas instancias de la comunidad autónoma catalana”, y dotadas de una organización “perfectamente estructurada y jerarquizada”, ramificada por toda Cataluña y con “capacidad real” de desplegarse para “ejecutar un control efectivo del territorio”.
En cuanto a los objetivos, el informe indica que inicialmente iban dedicarse a apaciguar eventuales estallidos de violencia, para preservar la imagen cívica del movimiento, pero que después el colectivo investigado adoptó “perturbadoras características insurgentes”.
