El juzgado de la Seu d’Urgell ha admitido a trámite la querella presentada por los vecinos de Berén contra la alcaldesa de Valls d’Aguilar (Alt Urgell), Rosa Fàbrega, y el secretario del ayuntamiento, Antonio Marzo, en calidad de investigados. El juzgado ve indicios de criminalidad en relación a los delitos de prevaricación y de falsedad documental, en el sentido de que Rosa Fàbrega, en su condición de alcaldesa, «habría realizado actuaciones en sede de la tramitación municipal de determinados expedientes, y habría promovido acuerdos presuntos ilícitos con el único objetivo y finalidad de favorecer sus intereses personales y particulares», según un comunicado de la Asociación de vecinos de Berén que avanza La Valira.
Los indicios de irregularidades se referirían al proyecto impulsado por parte del ayuntamiento para expropiar y canalizar determinados caudales de agua del núcleo de Berén hasta la población de Argestues, «núcleo donde justamente la querellada Rosa Fàbrega, explota un conjunto de casas rurales mediante una sociedad junto con su familia». Con el añadido, según el comunicado, «que han querido ampliar la explotación económica proyectando, por ejemplo, un lago natural anexo al jardín de estos alojamientos rurales para proveer a sus clientes de mayores servicios y generar mayores beneficios».
Estas actuaciones tendrían un interés particular y económico al dotar a este núcleo de un mayor caudal de agua, en detrimento del caudal de Berén, en la medida en que sería necesario para la explotación de aquel negocio y para futuros intereses vinculados al mismo, constituyendo así un evidente conflicto de intereses entre los particulares y los municipales. Para hacerlo posible, en la querella se apunta que determinadas actuaciones por parte del ayuntamiento, y en especial por parte de la alcaldesa y el secretario de la corporación, se contemplarían como actuaciones penalmente ilícitas.
