El intento de evitar la imputación en Andorra a través de la justicia española no ha tenido éxito. La Audiencia Provincial de Madrid ha echado por tierra el propósito del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy y de sus exministros Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda) de paralizar la comisión rogatoria que libraron las autoridades andorranas para comunicarles que serán investigados por supuestas presiones para que la Banca Privada de Andorra (BPA) cayera.
Una actuación que, según la querella que ha motivado la apertura de la causa, podría estar vinculada con la denominada operación Cataluña, en la cual se habría buscado información bancaria de líderes independentistas.
En tres actuaciones similares, a las que ha tenido acceso el diario La Informació, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de queja -herramienta procesal que no entra en el fondo del asunto- que las defensas de los exdirigentes del PP han presentado como último recurso para dejar sin efecto esta comisión rogatoria. En concreto, impugnaron la decisión de una jueza instructora de la capital española de no admitir los primeros escritos contrarios a la tramitación del auxilio judicial que emitió la jueza de instrucción especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia.
La magistrada del Principado activó el pasado mes de junio el mecanismo de cooperación internacional para que la justicia española comunicara a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz la imputación por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad documental, por presuntamente haber hecho uso de «vías ilegales» para obtener información bancaria de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, así como del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
