El tres de mayo, la Mesa del Parlament aprobó la creación de una comisión que debía investigar la información publicada por el colectivo canadiense Citizen Lab sobre el supuesto espionaje de los teléfonos móviles de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya. Los grupos de ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem habían reclamado su constitución bajo el título de “comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del Reino de España con los Programas Pegasus y Candiru”. Exigieron su creación urgente aduciendo que el Parlament de Catalunya no podía quedarse “impasible” ante la negativa del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox a que se creara una comisión similar en el Congreso de los Diputados.
La comisión de investigación en el Parlament se constituyó el 21 de septiembre, casi cinco meses después. El retraso en su constitución provocó las quejas de uno de los partidos que la reclamó, la CUP. El 28 de junio, la diputada de esta formación, Laia Estrada, pidió explicaciones de retraso. La respuesta de ERC y JxCat fue que la demora se debía a las dificultades para que se pusieran de acuerdo entre ellos para elegir al presidente o presidenta de la comisión. Estrada lo calificó de “excusas de mal pagador”. Finalmente, La diputada de ERC Meritxell Serret fue nombrada presidenta. Laia Vergès, que presidió la sesión constitutiva como vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, la cerró deseando “muy buen trabajo” a sus miembros. Tres semanas después, la comisión de investigación del caso Pegasus y Candiru no sólo no ha realizado ningún tipo de trabajo sino que se ha quedado sin presidenta después de que Meritxell Serret haya sido nombrada consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto y, por tanto , haya tenido que dejar vacante su escaño en el Parlament.
Pese a que la comisión se constituyó el 21 de septiembre, Serret no había convocado aún su primera reunión. Ninguno de los grupos que forman parte de ella ha presentado el listado de comparecencias propuestas. El desinterés en su puesta en marcha puede estar relacionado con las informaciones sobre los defectos y la falta de rigor que se han detectado en los últimos meses en el informe realizado por Citizen Lab. De hecho, sus autores han rectificado algunos de los datos que colgaron en su portal el pasado 18 de abril. Entre estos datos modificados está la fecha de la supuesta infección del teléfono móvil del abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde. Si la comisión se acaba reuniendo, serán convocados a ella los responsables de Citizen Lab que elaboraron este CatalanGate y tendrán que hacer algo a lo que se han resistido hasta ahora: mostrar las pruebas de sus conclusiones. Las dudas sobre la fiabilidad de este CatalanGate son, por tanto, justificadas, y han sido avaladas por la negativa de siete personas supuestamente espiadas a entregar sus teléfonos móviles a los jueces que se los han pedido en el marco de los procesos judiciales abiertos por denuncias que han presentado ellos mismos.
Por otra parte, y tras la salida del gobierno de Junts habrá que ver si sus representantes en la comisión de investigación apoyan al candidato que proponga ERC para presidirla. ERC tenía dos miembros en esta comisión: Meritxell Serret y Josep Maria Jové. El nuevo presidente debería ser Jové o el diputado de ERC que sustituya a Serret, pero tendrá que contar con el apoyo de los dos diputados de Junts, Albert Batet y Josep Rius. Si no lo obtiene, la comisión de investigación del caso Pegasus y Candiru que tan urgente era hace medio año quizá sea la más efímera de la historia del Parlament de Catalunya.
