El expresidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent ha defendido la tramitación de propuestas de resolución favorables a la autodeterminación y contra la monarquía, aunque el Tribunal Constitucional había anulado a otros en la misma línea, en la última sesión del juicio por un delito de desobediencia a los miembros independentistas de la anterior Mesa de la cámara catalana.
Torrent se ha mostrado convencido de que no se puede prohibir un debate en el Parlamento de Cataluña, y que tampoco el Constitucional puede hacerlo. El actual consejero de Empresa y Trabajo, asimismo, ha argumentado que «prohibir la tramitación de una iniciativa parlamentaria sería contradecir la esencia del parlamentarismo«.
En esta causa, que queda vista para sentencia este viernes, la Fiscalía reclama para Torrent, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós condenas de año y medio de inhabilitación y multas de 30.000 euros; y para Adriana Delgado, 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
Delgado, que era la secretaria cuarta de la cámara catalana, ha rechazado lo que ha denominado «censura previa», y ha declarado que su actuación protegía los derechos de representación política, libertad ideológica y de expresión, así como la soberanía del Parlamento catalán, y que no pensaba que admitir a trámite resoluciones pudiera suponer una desobediencia en el Constitucional.
Campdepadrós, por su parte, ha respondido que recibieron requerimientos «innecesarios y genéricos», y ha negado que la Mesa tenga que inadmitir una resolución contraria a los planteamientos del TC. También ha esgrimido que aquellas resoluciones no contravenían mandato constitucional alguno, una conclusión que ha atribuido al secretario general del Parlamento catalán.
