Eulàlia Reguant podrá continuar como diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, ya que el Tribunal Supremo la ha condenado al pago de una multa de 13.500 euros como culpable de desobediencia grave por haberse negado responder a la acusación particular de Vox como testigo del juicio del procés, en 2019.
La sentencia, conocida este viernes, sanciona a Reguant con el pago de 50 euros diarios durante nueve meses, más las costas del procedimiento, pero descarta la posibilidad de inhabilitarla durante cuatro meses, como reclamaba la Fiscalía, que había pedido una pena de prisión de igual duración.
La ponente de la sentencia, Susana Polo, concluye que la pena de prisión, que conlleva inhabilitación, sería desproporcionada en relación con el derecho de participación política de la diputada, en este caso.
Sin embargo, el Supremo condena a Reguant por una actitud que etiqueta de «obstinada» y «totalmente meditada y decidida», que considera que sobrepasa los límites de la libertad de conciencia e ideológica, y señala que no existe un derecho general a la desobediencia previsto en ninguna disposición constitucional. En cambio, justifica la condena aduciendo al deber de colaborar con la justicia y al respeto al principio de autoridad y al orden público.
