Los independentistas supuestamente espiados con Pegasus se niegan a que la justicia analice sus teléfonos móviles

La oposición de Torrent, Maragall, Fernández, Riera, Botran, Van den Eynde y Solé a entregarlos alimenta las sospechas de que Citizen Lab ha fabricado infecciones en su 'CatalanGate'

Ninguno de los independentistas supuestamente espiados con el programa Pegasus ha entregado su teléfono móvil a los jueces que investigan las denuncias presentadas por ellos mismos. En los tres procesos judiciales abiertos por estas denuncias, los magistrados que han pedido que los denunciantes aportasen sus teléfonos móviles para comprobar si efectivamente habían sido espiados se han encontrado con su oposición a hacerlo. Esta oposición se produce pese a que se supone que los denunciantes son los más interesados ​​en confirmar que sus teléfonos móviles fueron espiados.

Quienes no han entregado los móviles a los jueces correspondientes son Ernest Maragall, Jordi Solé y Roger Torrent, de ERC, David Fernández, Carles Riera y Albert Botran, de la CUP, y el abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde. Los tres miembros de la CUP han anunciado que entregarán al juez la copia de la prueba forense que les hizo llegar Citizen Lab, el grupo canadiense que publicó el informe bautizado como CatalanGate el pasado mes de abril, pero que no aportarían sus teléfonos móviles a la investigación. El pasado 21 de septiembre, el magistrado José Antonio Cruz, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, ​​dictó un auto en el que se requería a los tres denunciantes de la CUP que “aporten a este juzgado los terminales de telefonía objeto de ataque expuesto en la querella” para que “se recabe informe pericial consistente en el análisis técnico de estos terminales a fin de contrastar la existencia de posibles indicios relativos a los hechos denunciados”.

El juez Cruz también pide a los querellantes que indiquen a qué persona o entidad debe dirigirse para que aporte “la información técnica que documente la afirmación de que los terminales de los señores David Fernández Ramos, Carlos Riera Albert y Albert Botran Pahissa fueron infectados”. La entidad que difundió este supuesto espionaje es Citizen Lab, que se ha negado reiteradamente a que una comisión independiente analice las pruebas en las que basa las conclusiones expuestas en su CatalanGate.

Tampoco han entregado a la juez Maria Antonia Coscollola, titular del juzgado número 24 sus teléfonos móviles el eurodiputado Jordi Solé y el abogado de diferentes líderes de ERC Andreu Van den Eynde, aunque se lo pidió para que un perito independiente confirme o desmienta que fueron atacados con el programa Pegasus.

El ex-presidente del Parlament, Roger Torrent, y el ex-diputado de ERC en el Parlament y ex-consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, tampoco entregaron sus teléfonos móviles cuando el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona se lo pidió. Maragall y Torrent presentaron una querella el 30 de julio de 2020 contra el ex director del CNI, Félix Sanz, y la empresa NSO, propietaria del programa Pegasus. Los diarios El País y The Guardian habían publicado que los teléfonos móviles de Torrent, Maragall, la ex diputada de la CUP Anna Gabriel y el miembro de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Domingo habían sido espiados en la primavera de 2019. Gabriel y Domingo no acompañaron a los dirigentes de ERC en esta querella. Torrent y Maragall no entregaron los teléfonos al juez aduciendo que entonces utilizaban otros diferentes porque habían cambiado de responsabilidad política.

El profesor de la UNED y la London School of Economics José Javier Olivas, que reclamó directamente a la Universidad de Toronto, de la que depende Citizen Lab, que encargue a una comisión independiente el análisis de las pruebas forenses del llamado CatalanGate , escribía el 28 de septiembre este mensaje en Twitter: “Todas las ‘víctimas’ que están involucradas en procesos judiciales han rehusado entregar sus teléfonos cuando los jueces se lo han pedido para verificar las presuntas infecciones”. Y se preguntaba: “¿Tienen miedo de que sus ‘infecciones’ sean fabricadas o errores?”.

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