La Fiscalía secunda paralizar la comisión rogatoria de la justicia andorrana contra Mariano Rajoy

El ministerio público considera vulnerados "el derecho de defensa y los principios constitucionales" del expresidente

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España (Wikimedia Commons)
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España (Wikimedia Commons).

La Fiscalía española considera que la Audiencia Provincial de Madrid ha vulnerado «el derecho de defensa y los principios constitucionales» del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al tramitar una comisión rogatoria enviada por las autoridades de Andorra por la querella que se investiga en Andorra en relación a la operación Catalunya y por la que el exjefe del Ejecutivo está imputado en el Principado. El Ministerio Público, en consecuencia, ha secundado que se suspenda la ejecución de la solicitud.

En un escrito del pasado 20 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Provincial de Madrid pide que se estime el recurso de queja presentado por la representación de Rajoy, que considera que el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid no realizó el «previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional» al dar trámite a la citada rogatoria.

En concreto, el expresidente denunciaba que el magistrado no llevó a cabo un control de la «tutela de los derechos y libertades de quienes se ven afectados por la diligencia solicitada por la autoridad judicial requirente». Lamentaba, además, que procediera «de forma automática a la ejecución de lo solicitado», lo que impedía la «posibilidad de recurso e intervención de la parte afectada», vulnerando de esta forma sus derechos.

Pero además, la defensa de Rajoy aludía a una posible falta de jurisdicción de la justicia andorrana para los hechos objeto de la querella interpuesta contra su defendido. La justicia del principado le investiga junto a sus ex ministros de Economía e Interior Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por su presunta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

Los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

La Fiscalía, en la línea con el denunciado por el expresidente, considera que «no hay motivo ni base legal para inadmitir» el recurso formulado por Rajoy «contra la resolución judicial dictada en el proceso de ejecución de una comisión rogatoria, máxime cuando el contenido de la solicitud de la autoridad judicial andorrana no es una simple notificación sino también un requerimiento”.

Así las cosas, el Ministerio Público explica “que tratándose de suspender o no la ejecución de una comisión rogatoria sobre la que cuelga un recurso de queja y un eventual recurso de reforma contra su admisión a trámite, se considera razonable y pertinente acordar la suspensión” de ésta.

Y esto es así, aduce la Fiscalía, “dado que la suspensión no causa un perjuicio a ninguna de las partes, no se ha alegado urgencia por parte de la autoridad requirente y por el contrario, su ejecución anticipada haría ser inútil el hipotético resultado del recurso”.

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