La Fiscalía de Barcelona investiga al Consorcio de Servicios Sociales de la capital catalana por el presunto pago de sobresueldos y contrataciones a dedo que la entidad social habría llevado a cabo entre 2015 y 2019. Según ha publicado El Periódico, el ministerio público ha abierto la investigación a raíz de la denuncia presentada por el sindicato CGT, quien acusa al consorcio de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La entidad, participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, habría pagado sobresueldos que ascienden a un millón de euros en sólo tres años, y habría contratado a dedo a varios jefes de servicios, dos de los cuales estarían vinculados a ERC. Entre otros, la CGT señala la contratación como jefa de la asesoría jurídica del consorcio de Imma Pérez, exsecretaria de infancia y adolescencia de la Generalitat, y de la exdiputada de ERC Georgina Oliva, actual secretaria general de la consejería de Igualdad y Feminismos.
En cuanto a los sobresueldos, la entidad social habría destinado 352.379 euros a estas retribuciones en 2015, 328.726 en 2017 y 256.000 en 2019; pagos que, según las auditorías e informes de la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General de la Generalitat, son «nulos» e incumplen la ley. Las auditorías detectaron otras irregularidades como la contratación de servicios por 22 millones de euros sin concurso público, pero el sindicato no las ha denunciado porque los hechos ya habrían prescrito y no serían punibles. Los hechos investigados se remontan principalmente a la etapa de CiU al frente del Consorcio de Servicios Sociales.
