La Fiscalía pide una pena de un año de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 12.000 euros para la exconsejera y actual diputada de ERC Meritxell Serret, por un presunto delito de desobediencia grave relacionado con el referéndum del 1-O. Serret regresó de Bélgica en marzo de 2021 y compareció ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien la dejó en libertad acusada de desobedecer al Tribunal Constitucional.
En opinión del ministerio público, Serret «conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos».
La Fiscalía también señala que la exconsejera de Agricultura «en ejecución del plan acordado y plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su modo de proceder, intervino en la adopción de algunas decisiones ejecutivas para garantizar la realización del referéndum ilegal». Ahora, hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abra juicio contra Serret.
