El sindicado Unió de Pagesos está indignado con el precio que las bodegas han pagado por la uva de la vendimia de este año: de media, 0,38 euros el kilo. Esto, en un contexto inflacionista, en el cual los costes de los suministros asociados a la agricultura se han disparado: +70% el gasóleo, +50% los fertilizantes…
Para que les salieran las cuentas, Unió de Pagesos considera que los viticultores tendrían que cobrar, como mínimo, 0,50 euros por kilo, en vez de estos 0,38 euros de media que les han pagado las bodegas. Además, y a causa de la sequía, la producción de este año ha sido muy inferior.
Según las zonas, la reducción ha sido entre el -15% y el -50%. Esta menor producción y el hecho de que los stocks de vino están agotados tendrían que haber provocado un reajuste al alza de los precios, pero esto no ha sido así.
Unió de Pagesos sospecha que las grandes bodegas se han puesto de acuerdo para presionar a la baja el precio de la uva, y desde el sindicato han anunciado que piensan pedir una investigación a la Autoridad Catalana de la Competencia para determinar si se han producido prácticas concertadas ilegales.
En Cataluña hay unas 8.500 familias que viven del cultivo de las viñas. La superficie dedicada a la producción de uva es de 52.000 hectáreas, distribuidas en las 12 denominaciones de origen que hay reconocidas.
Por su parte, hay unas 800 bodegas que se dedican a la elaboración de vinos y cava. El año pasado, vendieron casi 89 millones de botellas, a un precio medio unitario de 3,75 euros. La facturación total de este sector subió a 333 millones de euros, con un peso importante de las exportaciones, que representaron 204,5 millones de euros.
Unió de Pagesos reclama que las bodegas hagan el pago de la uva que compren a los viticultores en un plazo de 30 días, en el marco de lo que establece la ley contra la morosidad. El sindicato también recuerda la obligación de formalizar contratos por escrito de compraventa de uva con el establecimiento sobre calidades, precios y condiciones concretas. En este sentido, propugna que se fuerce la firma de contratos plurianuales, con precio predeterminado, para garantizar la viabilidad de las explotaciones especializadas en el cultivo de viñas.
