La CGT ha denunciado ante la fiscalía las supuestas irregularidades contables, de contratación de personal directivo y de adjudicación de servicios que se habrían producido en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona entre en 2014 y 2019, cuando el ente estaba en manos de CiU.
El sindicato cree que los tres primeros gerentes del organismo podrían haber cometidodelitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, al pagar sobresueldos irregulares a mandos y contratarlos a dedo sin ningún procedimiento administrativo.
La denuncia apunta sobre todo contra el primer gerente, Ramon Lamiel, actual director del Servicio Catalán de Tráfico, el segundo gerente, Josep Pera, y dos ex directoras de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
Algunas de las presuntas irregularidades, o bien ya no serían punibles y habrían prescrito o bien se han ido subsanando con el tiempo. Sin embargo, el sindicato considera que todavía hay dos hechos demostrados «muy graves» que pueden ser punibles: la contratación a dedo de diferentes jefes de servicio y los complementos salariales abonados por encima del convenio a la mayoría de estos mandos.
