El destino de Mohamed Said Badaoui pende de un hilo. Este marroquí, que lleva 30 años viviendo en Reus, es el presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom), una entidad muy activa en cuestiones como la enseñanza de la religión musulmana en la escuela, el uso del hiyab de las mujeres en dependencias públicas o la reserva de espacio en los cementerios para los creyentes en la religión islámica.
La brigada de extranjería de la Policía Nacional lo considera un potencial peligro para la convivencia, por lo que, además de negarle el acceso a la nacionalidad española, ha iniciado los trámites para su expulsión. Tras la enorme polémica suscitada por los atentados del 17-A –con la difusión de una teoría de la conspiración que señala que el imán Abdelbaki Es Satty era un agente del CNI– parece que el ministerio del Interior no quiere nuevos sustos y ha puesto en marcha una limpieza de musulmanes sospechosos de flirtear con el salafismo.
Ésta es la acusación que cuelga sobre Mohamed Said Badaoui, al que se le atribuye la creciente radicalización del colectivo musulmán que la Policía Nacional ha detectado en la zona de Tarragona. Este activista se defiende diciendo que él es escrupulosamente respetuoso con la legislación española y que los derechos que reclama Adedcom están incluidos en los protocolos del año 1992, firmados por el Gobierno con la comunidad musulmana.
La amenaza de expulsión de Mohamed Said Badaoui ha levantado una ola de protestas en Reus, donde las formaciones JxCat, ERC, PSC, CUP y Ara Reus han firmado un manifiesto de apoyo a este activista de la causa islámica, a quien consideran un interlocutor muy útil. También le apoyan varias entidades de la ciudad.
Su caso también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde representantes de ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem han suscrito una carta en la que reclaman que el ministro Fernando Grande-Marlaska detenga el expediente de expulsión que ha puesto en marcha la brigada de extranjería de la Policía Nacional. En apoyo a esta demanda, la semana pasada se celebró una concentración ante la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Quien también se ha mojado a favor de Mohamed Said Badaoui ha sido la consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, que nació en Reus y conoce directamente el caso. La consejera ha recibido al activista en su despacho de la Generalitat para poner de manifiesto su solidaridad.
El abogado de este dirigente musulmán ha presentado alegaciones al expediente de expulsión, que será resuelto próximamente. Una de las líneas de investigación de la Policía Nacional son las obras de ampliación de la mezquita de Reus, promovidas por Mohamed Said Badaoui, que costaron 100.000 euros y no se sabe de dónde salieron.
La sombra de Abdelbaki Es Satty
Además del proceso contra Mohamed Said Badaoui, la Policía Nacional también tiene en marcha un expediente para expulsar de España a Amarouch Azbir, presidente de la asociación que gestiona la mezquita y el centro cultural Al Forkan, en Vilanova y la Geltrú, y que es sospechoso de promover el islamismo radical. Amarouch Azbir es trabajador municipal desde hace 20 años y afirma que es víctima de «falsas acusaciones». En la mezquita Al Forkan ejerció de imán durante una temporada Abdelbaki Es Satty, antes de ir a Ripoll, donde organizó la célula que perpetró los atentados del 17-A.
