La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 personas por tramitar de forma fraudulenta licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona entre los años 2005 y 2009. Las penas oscilan entre los seis meses y un día de prisión y los tres años y seis meses, y conllevan también multas e inhabilitaciones. Entre los condenados se encuentran funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, y se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y amenazas.
Los principales condenados son el hombre que fue durante ocho años ninguno de los servicios técnicos de Ciutat Vella, Heliodoro Lozano, al que se le imponen dos años y seis meses de cárcel; la funcionaria y exasesora jurídica Elena Ariza, condenada a tres años y seis meses de cárcel; y el ingeniero Joaquim Quílez, al que la Audiencia le impone tres años y nueve meses de encarcelamiento. La sentencia también condena a otros funcionarios y a los propietarios de los pisos turísticos.
Según la resolución judicial, Quílez, contratado por los titulares de los domicilios, «convino» con Lozano aprobar y agilizar licencias que no cumplían con los requisitos necesarios a cambio de una remuneración económica, un acuerdo que fue trasladado a Ariza. La sentencia destaca también el papel de la entonces concejala de Ciutat Vella Itziar González y la técnica Lourdes Conesa, que detectaron las irregularidades y, pese a ser amenazadas, denunciaron el caso.