El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha reclamado al gobierno de España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla al contenido del dictamen no vinculante del comité de Derechos Humanos de la ONU que afirma que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva cuando les suspendió de sus funciones públicas sin sentencia judicial condenatoria, después de que fueran procesados por el delito de rebelión.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán de este martes, la portavoz Patrícia Plaja ha comunicado que el gobierno catalán exige «un compromiso político por reparar los daños», y también que se articule un «mecanismo procesal» para «la buena ejecución de los dictámenes».
Además, el ejecutivo que preside Pere Aragonès quiere que el gobierno central haga la máxima difusión del contenido del dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU, conocido el miércoles de la semana pasada. También por boca de Plaja, ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a que «mueva ficha» con medidas «de carácter inmediato», ya que considera que «la pelota está en su tejado».
