Un comité de la ONU hace un dictamen no vinculante a favor de los líderes independentistas

El informe defiende que España violó sus derechos políticos cuando se les suspendió de sus funciones públicas

    Sànchez, Junqueras, Turull, Forn, Cuixart, Rull y Romeva
    Sànchez, Junqueras, Turull, Forn, Cuixart, Rull y Romeva

    El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho público un dictamen en el cual dice que España violó los derechos políticos de los líderes del proceso independentista cuando los suspendió de sus funciones públicas, para ser juzgados por rebelión, y antes de que se hiciera pública la condena del proceso judicial.

    La denuncia que ha llevado al dictamen del comité la presentaron Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. El exvicepresidente catalán y los tres exconsejeros denunciaron que la suspensión de las funciones de estos cargos, sin que hubiera sentencia, violaba sus derechos políticos tal como recoge el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    En este contexto, el gobierno español defendió que los cuatro líderes independentistas aceptaron su sustitución por otros diputados mientras durara la suspensión de sus funciones, y que salvo Romeva, los otros tres renunciaron el 17 de mayo de 2019 al acto de diputados del Parlamento de Cataluña al ser elegidos como diputados al Congreso, en las elecciones de abril de 2019. También, los servicios jurídicos del Estado defienden que el 14 de octubre de 2019 cuando el Tribunal Supremo les condenó por sedición y no por rebelión, levantaron de forma inmediata la suspensión de Romeva como diputado autonómico.

    En este contexto, el dictamen del comité de la ONU apunta que el gobierno español defendió en sus alegaciones que el 22 de junio de 2021 indultó la prisión de los líderes independentistas por razones «de utilidad pública». Se da la circunstancia que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre quejas individuales, como sería esta, no son vinculantes, a pesar de que el comité entiende que los Estados que forman parte están obligados a seguir sus recomendaciones para la reparación de los abusos producidos.

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