Citizen Lab, el laboratorio de tecnología y derechos humanos de la Universidad de Toronto que publicó, el pasado 18 de abril, un informe bautizado como CatalanGate según el cual los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia habían sido atacados con los software espías Pegagus o Candiru, está trabajando para detectar más teléfonos que hayan sido atacados o infectados. Así lo reconoció Elies Campo, coordinador de esta campaña en representación de sus impulsores independentistas, en una entrevista que le hicieron en Sants 3 Ràdio este mes de julio. El periodista le preguntó si todavía había puertas abiertas en esta investigación y si pensaba que puede haber más casos que aún no hayan detectado. La respuesta de Campo fue: “No puedo comentar cosas que todavía no están publicadas, pero la teoría que tenemos es que probablemente existen más casos de los que tenemos detectados. Seguramente podamos encontrar más”.
Campo lleva trabajando en esta campaña desde hace dos años pero Citizen Lab no le contrató hasta el 1 de febrero de este año como fellow assistant. Los contratos por esta categoría laboral pueden ser por tres, seis, nueve o doce meses. El activista independentista catalán está contratado desde hace siete meses. Pueden aspirar a este empleo estudiantes doctorados o post-doctorados e investigadores experimentados que hayan demostrado su habilidad o experiencia. Campo no cumple ninguno de estos requisitos porque no terminó su carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en el centro universitario La Salle-URL y en su currículum consta como experiencia 1 año y 8 meses como empleado de la empresa Whatsap y 6 años y 4 meses como responsable de Crecimiento, Partenariado y Desarrollo de Negocios de Telegram. Remi Vaughn, portavoz de Telegram, sin embargo, explicó a EL TRIANGLE que Campo miente cuando dice que trabajó en Telegram, que nunca le han contratado y mucho menos como responsable de nada. El sueldo que cobran los assistant fellows de Citizen Lab es de 5.000 dólares al mes.
El editor y director del digital El Nacional, José Antich, escribió en un editorial, publicado pocos días después de que Campo declarara que Citizen Lab está buscando nuevos teléfonos espiados, que “consta que sigan trabajando en ello después de la primera entrega de nombres y que sólo es cuestión de tiempo”. Para Antich, «es importante que Citizen Lab dé tarde o temprano nuevas noticias de su investigación» para evitar que «el caso del espionaje acabe desfigurándose». En una línea similar se expresaba Gonzalo Boye, abogado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien, en otro artículo en El Nacional, consideraba que lo publicado del CatalanGate “no es más que la punta de un iceberg que muchos no quieren ver”.
Citizen Lab se ha negado sistemáticamente a aportar los datos que permitan contrastar la validez y fiabilidad de sus afirmaciones sobre personas espiadas, aunque varios expertos en ciberseguridad se lo ha pedido. Esta actitud da argumentos a quienes sospechan que parte de las víctimas del espionaje son falsos positivos. A las sospechas generadas por el rigor del CatalanGate de este laboratorio canadiense ayudan las contradicciones entre sus datos y las declaraciones de algunas de las personas presuntamente espiadas. Una de ellas, Jordi Sánchez, afirmó en un vídeo de la Assemblea Nacional Catalana que en una primera revisión no detectaron que su teléfono hubiera sido atacado pero que Elies Campo insistió para que se lo volviera a dejar y entonces encontraron 25 ataques en 2017.
