A raíz de la denuncia hecha hace más de un año por el propietario de un establecimiento de restauración de Girona, la Oficia Antifraude de Catalunya detecta «posibles irregularidades» en el contrato que el departamento de Salut hizo para los rastreadores de la covid.
Antifrau quiere analizar el posible «incumplimiento de lo recogido en la documentación contractual referido a los pactos de retribución del contratista», según publica el Diari de Girona.
La oficina ve probable un «sobrecosto en el contrato» que cuantifica en «1,55 millones de euros». También encuentra una «coincidencia inverosímil» en el importe total facturado en ocho meses con «las ocho doceavas del importe total máximo previsto por doce meses en el momento de la adjudicación del contrato». Por último, se queja de la «renuncia -disconformidad- del Govern a cumplir los acuerdos del Parlament de rescindir el contrato».
La denuncia la puso en diciembre del 2020 Albert Caupena, responsable del restaurante gerundense Arest. Se quejaba de las pérdidas económicas provocadas por el cierre y las restricciones en el sector de la hostelería y aportaba documentación acusando a la entonces responsable de la conselleria, Alba Vergés, de un delito de malversación y de tráfico de influencias por el contrato para rastrear a los casos de covid a la empresa Ferroser, filial de Ferrovial.
El responsable del restaurante interpuso la denuncia señalando que la empresa fue «contratada con un presupuesto de más de 17 millones de euros» con personal «no calificado y sin experiencia médica». En este sentido, sostenía que el gestor es Roger Junqueras, hermano del líder de ERC, Oriol Junqueras.
