El director del servicio de inteligencia exterior de Estonia, Mikk Marran, estimó que desde el inicio de la guerra de Ucrania han muerto alrededor de 15.000 soldados rusos, un promedio que supera el centenar diario. Pese al silencio oficial, el seguimiento de las páginas de VKontacte –la versión rusa de Facebook-, declaraciones de autoridades locales y algunas pocas informaciones publicadas en medios regionales, permiten hacer un perfil de los militares caídos en la guerra de Putin: jóvenes menores de veintitrés años provenientes de las regiones más pobres y distantes de Rusia, en particular del Daguestán y de Buriatia.
El impacto de la guerra es desproporcionado en las zonas más deprimidas de Rusia, que coinciden con las llamadas «repúblicas étnicas»; es decir, aquellas de población no eslava. Buriatia, cerca de la frontera con Mongolia, es una de las regiones más deprimidas de Rusia. El sueldo medio mensual es la mitad que en Moscú, las ciudades de Ulán-Udé y Chita son las más contaminadas del país. La principal fuente de trabajo es la minería. Con ese panorama unirse al ejército no es, en principio, una mala opción.
Desde febrero se han multiplicado los entierros de soldados. Ceremonias organizadas por los militares y convertidas en instrumentos propagandísticos de apoyo a “las operaciones especiales” y la “desnazificación” que se está produciendo en Ucrania. Pero los ataúdes empiezan a ser demasiados y empiezan a visibilizarse algunas protestas. Cada vez son más los buriatos que se preguntan por qué deben ir a “desnazificar” Ucrania si Moscú muestra continuadamente sentimientos xenófobos hacia Buriatia y destruye la cultura y el lenguaje de la región.
La Fundación Buriatia Libre intenta ofrecer apoyo legal a los militares de esta nacionalidad que no quieren combatir en Ucrania. Según su presidenta, Alexandra Garmazhapova, “nuestros soldados fueron los primeros en ser lazados en el infierno de la guerra, supongo que el Kremlin, simplemente no se preocupó por ellos, por la simple razón de que no pertenecen al pueblo originario de Rusia”.
La región que tiene el dudoso honor de encabezar el podio de los soldados muertos en Ucrania es Daguestán, otra de las zonas más empobrecidas de la Federación Rusa, la segunda en lo que se refiere al paro, que oficialmente se sitúa en el 12%, pero que todo el mundo sabe que es bastante más alto. También tiene unos salarios bajos y lidera al país en casos de corrupción registrados en Rusia. Desde la década de los noventa ha sido el escenario de una tímida insurgencia islámica y ha vivido tensiones étnicas y brotes ocasionales de separatismo.
No hacen tanto ruido como los buriatos, pero aquí también está cuajando la idea de que quizá Moscú optó deliberadamente por deshacerse de varios daguestanos problemáticos convirtiéndolos en carne de cañón. La actividad de las oficinas de reclutamiento en esta región ha ido a la baja, pese a las perspectivas de ganar una mensualidad que va de los 177.000 a los 215.000 rublos, es decir, entre cinco y seis veces y media por encima de los 34.000 rublos que suponen el sueldo medio de Daguestán.
Sin una movilización general, que hoy parece poco probable, Rusia sólo puede enviar a combatir a soldados voluntarios; por eso es una mala noticia que bajen los alistamientos en aquellas zonas que más efectivos aportan al ejército. El Kremlin se emplea en buscar combatientes desde el inicio de la guerra y los últimos rumores apuntan a la posibilidad de que Corea del Norte aporte 100.000 soldados.
También busca voluntarios entre los reclusos de sus prisiones. Según afirma la página web gulagu.net, perteneciente a un grupo de defensa de los derechos humanos especializado en denunciar los abusos en los centros penitenciarios rusos, oficiales del FSB, el heredero directo de la KGB, reclutan entre los presos a voluntarios para luchar en el Donbass. Quienes aceptan, firman un contrato con el Grupo Wagner, una empresa de mercenarios que funciona de facto como un ejército privado al servicio de Putin y sus intereses, que también combate en Sudán del Sur, Siria o Congo. La oferta no parece muy tentadora. Aquellos que acepten no tendrán documentos ni placa, harán misiones de alto riesgo, como limpiar campos de minas, y los cuerpos de quienes mueran no se entregarán a las familias. Se les avisa de que sólo el 20% o menos de los que vayan al frente volverán; eso sí, quienes lo hagan obtendrán una recompensa de 3.200 dólares y una amnistía. Muchos aceptan, lo que dice bastante de las condiciones de vida en las cárceles rusas.
