El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc Dalmases está en el punto de mira de la justicia, de las asociaciones profesionales de periodistas, de la oposición y de algunos círculos de su propio partido. Además, está en la diana de la justicia, que cree que tiene mucho que contar sobre los cientos de miles de euros que han llegado a sus bolsillos tras pasar por la Fundación CATmon y la Asociación Igman, dos ONG en las que comparte intereses con Víctor Terradellas, ex-responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el hombre que buscaba aliados en el extranjero para financiar el procés. Los fondos que recibían en Cataluña de las instituciones se quedaban, en buena medida, en los bolsillos de las empresas dominadas por Dalmases y, en menor medida, Terradellas, según las primeras investigaciones.
En un auto enviado al TSJC por el juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, se apunta a “indicios razonables de responsabilidad penal” de Dalmases en, al menos, tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Durante años, Dalmases, fotógrafo de supuesta profesión, fue socio de las fundaciones CATmon e Igman, pero además ejercía como director de las revistas Catalan International View (CIV), editada por CATmon, y editor de la revista ONGC, editada por la Asociación Igman. También era socio y administrador de la empresa Discatimat, que utilizaba el nombre comercial de Estudilogo.
Dalmases fue presidente de Igman hasta 2017, cuando ya hacía un año que el juez investigaba los presuntos desvíos de fondos. ¿Desapareció dinero? ¿Cómo se llevó ese dinero? Dalmases cobraba a título personal casi 3.000 euros netos por dirigir las revistas CIV y ONGC. Pero, aparte, facturaba con su empresa, Discatimat, y con otras dos a nombre de su ex-mujer, Xargar Travel Alimentos y La Garriga Girac, diversas cantidades mensuales que variaban cada año. En uno de los ejercicios, el de 2014, esas empresas llegaron a facturar más de 120.000 euros, aparte del salario percibido por Dalmases. En 2012, Discatimat percibió 107.853 euros de CATmon y 139.099 euros de Igman. Víctor Terradellas estuvo percibiendo un salario de Discatimat hasta 2014, fecha en la que pasó a cobrar directamente de Convergència.
Según un informe de la Policía, CATmon recibió entre 2011 y 2015 un total de 735.900 euros en subvenciones de la Generalitat, 23.996,48 euros de la Diputación de Tarragona y 145.899,80 euros de la Diputación de Barcelona. Igman, por su parte, percibió 1.330.880,86 euros en subvenciones del Govern y 119.514,50 euros de la Diputación de Barcelona. “De lo más significativo de los informes emitidos por la Policía Nacional al inicio de la investigación cabe destacar que recogen que el destino de las subvenciones otorgadas a la Asociación Igman y a la Fundación CATmon, una vez en las cuentas de los perceptores, no está claro debido a las importantes disposiciones en metálico que se hacen una vez recibidas”, señala un auto judicial.
El relato que efectúa la Policía de los hechos apunta a oscuras actuaciones de los principales protagonistas, que se embolsaban por la cara la mayor parte de las subvenciones, justificando luego gastos a la Administración con facturas personales o de sus empresas, lo que prohíbe la ley, puesto que al estar vinculados a CATmon y a Igman no podrían facturar a estas entidades. “Tras efectuar un seguimiento de los fondos públicos, se puede afirmar que el dinero transita de forma anómala entre las cuentas bancarias de Igman, CATmon y la mercantil Discatimat a través de transferencias efectuadas por Internet, para finalmente parte del mismo ser reintegrado en efectivo y otra parte termina en cuentas personales o a favor de Francesc Dalmases, Judit Aixalà [esposa de Víctor Terradellas], Xargar Travel Alimentos SL (mercantil perteneciente a Gemma Pedró Subirats, pareja de Dalmases, y del propio Dalmases), Joaquim Milla Fargas, Marc Gafarot i Monjó y Jordi Fexas i Massanes. Otra parte del dinero se destina a adeudos de varias tarjetas de crédito, varias líneas de telefonía, nóminas, asesoría jurídica y La Garriga Girac SL, vinculada también a Gemma Pedró”, dice un informe policial.
Fraude a gran escala
Quien se vio más beneficiado de las operaciones realizadas durante años por CATmon y, sobre todo, por Igman fue Dalmases, Los informes policiales destacan que las principales partidas de gastos acababan en la empresa Discatimat “en cantidad desproporcionada a los asalariados de la asociación”. Y apuntan: “La dinámica de ingresos y gastos de CATmon responde a un patrón similar (sus ingresos durante los años investigados oscilan entre los 70.000 y los 200.000 euros) pero repartiendo sus operaciones de gastos entre Discatimar y Xargar Travel o La Garriga Girac (vinculadas con Gemma Pedró y su pareja, Francesc Dalmases)”.
En 2012 y 2015, el diputado convergente facturó a CATmon un total de 265.087,55 euros. Sus facturas fueron utilizadas para justificar proyectos subvencionados a esa ONG. Pero ahí, según la Policía, es donde hacía trampa: sus facturas eran utilizadas para justificar los gastos de distintos proyectos, lo que apunta a un fraude a gran escala. “Las facturas emitidas por Dalmases a CATmon fueron utilizadas como justificantes de gastos incurridos en la ejecución de proyectos objeto de las subvenciones otorgadas por las diferentes administraciones públicas”, dicen los documentos judiciales, que añaden que esas facturas fueron “utilizadas por duplicado o triplicado, es decir la justificación de gastos de una misma factura en dos o tres proyectos de diferentes administraciones públicas».
La Policía acompaña estas acusaciones de un pormenorizado análisis de las facturas del diputado y en ellas se comprueba que las facturas 1/2015, 2/2015 y 3/2015 se utilizaron como justificantes de gastos de proyectos subvencionados por la Generalitat, pero también del Ayuntamiento de Barcelona, lo que es ilegal. Las facturas 6/2015 a 9/2015, por su parte, se utilizaron para justificar gastos en proyectos de la Generalitat de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona (en total, se justificaban 8.739,15 euros al mes en gastos). Y las facturas 10/2015 y 11/2015 sirvieron para justificar gastos en proyectos simultáneos de la Generalitat y de la Diputación.
En muchas ocasiones, los técnicos de la Diputación mostraban reticencias a conceder subvenciones a las entidades representadas por Dalmases, pero el tema se arreglaba después de que el diputado hablase con el responsable de repartir los fondos. En un detallado informe, la Udef narra algunas de las intervenciones de Dalmases en la tramitación de expedientes de subvenciones de la Diputación para Igman y CATmon. En uno de los expedientes, el diputado “presenta justificaciones incongruentes e incumplimientos de plazos continuos, se produce un reiterado incumplimiento de las bases, mantiene reuniones personales con Jordi Castells [responsable del área internacional de la Diputación, apartado en 2015 por las sospechas de favoritismos] y Octavi de la Varga durante la tramitación del expediente. Finalmente, la justificación se aprueba (por un técnico diferente, Santiago Comas Uriz) a pesar de no enmendarse los incumplimientos y la falta de verificación de las actividades”.
Otro expediente y otra irregularidad: “Presenta todo tipo de justificaciones con el objetivo de responder a los requerimientos de los técnicos e incluso declaraciones juradas faltando a la verdad. El destino de los fondos subvencionados va a parar a un círculo muy concreto de personas vinculadas a las entidades ya especificadas, entre las que se incluye Discatimat, empresa de Dalmases”.
En otro expediente factura a la Fundación CATmon por “colaboración y tareas de dirección de la revista. Los fondos, como en el resto, se reparten a través de la fundación por los trabajos entre un círculo concreto de personas (…) Tras la recepción del pago en la cuenta bancaria de CATmon, los fondos fueron inmediatamente utilizados para adeudos en tarjetas de crédito, gastos personales como parking de vehículo a nombre de Víctor Terradellas y a nombre del partido CDC, o pagos de restauración en el negocio de la pareja de Francesc Dalmases, según el análisis de cuentas bancarias”.
La declaración jurada
Además, la entidad “mantiene un contacto muy distante con el equipo técnico y no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de envío de fotos del proyecto para hacer difusión de la actuación y no ha aportado ninguna información sobre la actividad de formación en Barcelona, a pesar de que la actuación ya ha finalizado”.
Cuando el técnico de la Diputación se pone en contacto con Igman recibe una recomendación: “Se me comunica que lo archive todo, que Jordi ya ha hablado con ellos y lo arreglarán todo”. Se refería, presumiblemente, a Jordi Castells. Pero luego sólo aportan “un folleto de formación que se entrega a las familias. No tenemos ningún listado de familias beneficiarias que han recibido formación, ni las horas dedicadas por los técnicos. Tampoco adjuntan ninguna foto…”. Tampoco se sabe el número de viajes realizados, ni se acompaña ninguna tarjeta de embarque “y tampoco se demuestra que estos viajes estuvieran ligados a ninguna actividad de la actuación”.
Finalmente, Dalmases envía varias cartas a la Diputación, como presidente de Igman. Todas son declaraciones juradas. En una, hace constar que “en relación al documento justificativo número 16, de Judit Aixalà, se refiere efectivamente al viaje de ida y vuelta a Sarajevo del mes de diciembre de 2012. Y para que conste y tengáis conocimiento, firma la siguiente declaración jurada en Barcelona…”. Y así hasta completar todos los gatos. Ni una sola factura fehaciente fue aportada sobre esos gastos.
En otros casos, se presentaron como justificantes gastos que no podían serlo, como la factura de compra de un ordenador por 2.200 euros, facturas telefónicas de 4 líneas de móviles, pagos a la Seguridad Social de un contrato laboral o los pagos realizados a Hacienda en concepto de IRPF.
Dalmases parece ser un vivales, un producto del nuevo mercantilismo que ha crecido al amparo de una política degenerada y vinculada estrechamente a los negocios público/privados. Los datos recopilados por la Policía son muy contundentes. “Sólo el imputado aforado Francesc Dalmases, entre los años 2014 y 2017 (4 años) percibió fundamentalmente por tareas de dirección de la revista CIV un total de 139.826,40 euros, que equivaldrían a más de 11 años de salario mileurista… o al salario de un año para 11 personas. Francesc Dalmases aportó justificantes de gasto a CATmon e Igman [en el mismo periodo] por importe de 224.081,86 euros, que equivaldrían a más de 18 años de salario mileurista… o al salario de un año para 18 personas”, relata un auto judicial a tenor de lo expresado por los investigadores. Estos ingresos, según los autos judiciales, eran irregulares.
Indicios de criminalidad
Mientras Francesc Dalmases era secretario de CATmon, facturaba a esta entidad mensualmente, lo que arrojaba muchas dudas puesto que los patronos de las fundaciones tienen restricciones a la hora de facturar a las entidades. El responsable de seguimiento administrativo de la Diputación de Barcelona, Ignacio Rodrigo Díaz, llegó a alertar de la situación en 2014. Entonces, el responsable de las subvenciones que llegaban a Igman y a CATmon era Jordi Castells, apartado en 2015 cuando comenzaron a aparecer denuncias sobre graves irregularidades en su área.
“La justificación no cumple con los requisitos formales”, escribió Rodrigo en el expediente. Entre otras cuestiones, alertaba de que “el nombre del acreedor corresponde al secretario y representante legal de la Fundación y esto resulta incompatible de acuerdo con el artículo 29 punto 7d de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. Además, el importe imputado superaba el 5% máximo de los gastos indirectos. Por tanto, anulaba 4 facturas de Francesc Dalmases.
Pero el funcionario recibió un mail de Montserrat Aymà, del Servicio de Control de Subvenciones y Recursos Externos. “Hemos considerado que sí resultan elegibles las 4 facturas emitidas por el señor Dalmases”, le decían. Rodrigo, entonces, cambió su calificación. “De acuerdo con la comunicación de Intervención adjunta, se admiten, por tanto, son elegibles, las 4 facturas emitidas por el señor Dalmases. Conclusión: La justificación cumple con los requisitos formales”.
Para el juez, en virtud de los hechos, “se considera que existen indicios de criminalidad por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos respecto del aforado Francesc Dalmases y demás personas vinculadas a CATmon en relación a la subvención aquí tratada, así como respecto a los cargos de la Diputación de Barcelona que hubieran podido intervenir en el otorgamiento de la citada subvención”.
*Puede leer el reportaje íntegro en la edición n. 1.496 de la revista EL TRIANGLE
